Mostrando entradas con la etiqueta Capitalismo y genocidio. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Capitalismo y genocidio. Mostrar todas las entradas

miércoles, 29 de mayo de 2013

¿Murió Videla?

El anuncio de la muerte del ex tirano Jorge Rafael Videla el 17 de mayo logró ser noticia del día en los diversos medios de comunicación del país, cierre de una secuencia que integra el largo itinerario de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Argentina. Hecho no excepcional (se trata, sin más, de una muerte natural), su participación política como gobernante de facto por fuerza de las armas ameritó un balance necesario en el contexto de un período democrático en que, finalmente, los juicios a asesinos, violadores, torturadores, apropiadores y facilitadores encuentra las vías del Estado de Derecho como instrumento de la justicia postergada.

Si bien la resolución de la tragedia histórica en materia de sanciones penales a los ejecutores de un plan de exterminio, concentración de la riqueza, apropiación de niños, endeudamiento y destrucción productiva están en camino de ser saldados, cabe destacar que el final del ciclo vital de Videla distó muchisímo del ascenso macbethiano que lo llevó a la conducción política del Estado argentino.

Al respecto, cabe destacar que la demonización de Videla encierra el análisis en una visión incompleta y arbitraria sobre la significación de la dictadura. Pese a lo frecuente de la operación en distintos episodios de la historia, la manipulación de la memoria en la construcción de comunicadores mediáticos que otorgan a un personaje un delirio de grandeza y narcisismo también se corresponde con la figura de Videla. La conclusión elemental al respecto sería pensar: sin la intervención de Videla, Argentina hubiera continuado bajo el sistema democrático. Para quienes hemos recibido una instrucción académica básica sobre el estudio de la política es razonable entender que no hay posibilidad de gobierno sin un sujeto político sobre el cual planificar los objetivos de una administración. Exagerar el protagonismo de Videla implica permitir la omisión de un entorno cívico-religioso. Por ello, es necesario  elaborar ejercicios de análisis y comprender que la obra de gobierno desarrollada en el período 1976-1983 estuvo dirigida a sectores de la sociedad que le dieron acompañamiento. Acindar, Grupo Macri, Alpargatas, Bagó, Bemberg, Bridas, Bunge y Born, Clarín, Celulosa Argentina, Fate/Alvor, Fortabata, Garavaglia y Zorraquín, Ledesma, Macri, Pérez Companc, Roggio Soldati, Techint y Werthein consiguieron posicionarse como los grupos económicos más poderosos, con grandes beneficios como la estatización de su deuda (Alonso, Maria E. y otros. La Argentina del siglo XX, Buenos Aires, Aique, 1997, p. 327). Esta participación empresarial comenzó a ponerse en tela de juicio especialmente a partir del 24 de marzo 2012 con la consigna “Los grupos económicos también fueron la dictadura”, y sobre esa agenda se avanzó sobre la complicidad de Blaquier por la “Masacre de la Noche del Apagón” en el Ingenio Ledesma y recientemente se advierte de la posibilidad de juzgar a tres directivos de Ford por la facilitación de 24 trabajadores.

La muerte de Videla deja más preguntas que respuestas. La equiparación de soberanía a la utilización y despliegue del poder militar, la autoría discursiva del concepto de desaparecido, la euforia de lo banal-efímero en los mundiales de fútbol del 78 y 79, la sensibilidad patriotera y triunfalista, la legitimidad de la aniquilación para fines de pacificación, la delimitación de lo nacional-descartable (propaganda de las sillas) son tan sólo algunos de los posibles ejes de problematización que lo contienen. Sería estéril y superficial somatizar en emociones verbales la muerte del personaje, más siendo de por sí preocupante para cualquier humanista la fatalidad del deceso que rodea nuestra existencia. Figura paradigmática de un período de la historia argentina, que supo ser representativa por fuera de los cauces democrático-electorales, la muerte de Videla amerita la profundización de un diálogo de la sociedad argentina con su propia cultura política.

sábado, 30 de junio de 2012

¿Quiebre de la alianza cívico-militar?

Una de las grandes inquietudes que familiares y organismos de derechos humanos han tenido a lo largo del período democrático iniciado en 1983 ha sido el silencio de los responsables de aquella modalidad genocida que tristemente se hizo conocida como desaparición sistemática de personas. Inesperadamente, las recientes confesiones del dictador juntista Jorge Rafael Videla aportan un valioso material para ahondar la investigación sobre la trama oculta al interior del gobierno militar.

Hasta las declaraciones de Videla, las frases de los jerarcas Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. Durante los distintos n procesos que han afrontado, coincidieron en que participaron de una “guerra sucia” contra el “marxismo internacional”, que “grupos terroristas” habrían usado la violencia para “socavar el orden democrático” y “alterar nuestros valores occidentales y cristianos” del “ser nacional”. Los juicios a los genocidas serían así “la primera vez que un país juzga a su ejército victorioso”.
Sorprendía hasta el momento la ausencia de un relato que contemplara la participación de civiles en el genocidio de período 76-83 (por ejemplo, de los llamados “capitanes de industria”, grupos económicos favorecidos por las políticas de los golpistas), claramente en desmedro de Pymes y del mercado interno, revelan que el retroceso de la distribución y el ingreso a un acechante paradigma económico (el neoliberalismo) necesitaban de la instrumentación de un sofisticado aparato represivo para eliminar el avance de proyectos socializantes y restringir al máximo la protesta social.
La contundentedeclaración de Videla a Ceferino Reato para su libro Disposición Final revela la singular importancia que revestía para la dictadura un cambio de modelo económico y disciplinamiento social, con empresarios que habrían reprobado la falta de diez mil personas más. No es un dato para soslayar que el nombre del último acto del 24 de marzo llevaba por título “Los grupos económicos también fueron la dictadura”. Las empresas papelera y azucarera Ledesma y la cementera Loma Negra estarían siendo particularmente investigadas por episodios de desaparición que parecen manifestar una alta complicidad de su personal administrativo. A modo, de ejemplo sobre la actualidad de los procesamientos judiciales en Argentina sobre desaparición sistemática de personas Alberto de Arriba, en su artículo “La conspiración de los Chicago Boys”, describe la existencia de conspiradores civiles, como el abogado de multinacionales Jacques Perriaux, quién aportó a los golpistas gran parte del funcionariado. Entre otros:

Ministro de Economía: Lorenzo Sigaut, Alfredo Martínez de Hoz.
Jefe de asesores del Min. De Economía: Luis García Martínez
Secretario de Agricultura: Mario Cárdenas de Madariaga
Ministro de Comercio e Intereses Marítimos: Roberto Viola, Carlos García Martínez.
Secretario de Energía: Guillermo Zurbarán
Secretario de Hacienda: Horacio García Belsunce

Siempre generó asombro el silencio de los condenados militares, ya que la fuerte sospecha de civiles en las sombras revelaba claramente una estrategia por la cual los únicos perjudicados serían los feroces represores dada a altísima exposición durante el proyecto plasmado en los seis años posteriores al golpe ¿No llegaría el momento en que aquéllos se sentirían utilizados, y en un arrebato emocional, condenarían a quiénes actuaron como sus mandos por fuera de la institucionalidad? ¿sólo les cabría el lugar de “malos de la película”, cuando los beneficiarios de la represión se mantendrían en el privilegio de una situación social holgada y en la impunidad? Con las declaraciones de Videla se percibe un fuerte quiebre de la alianza cívico-militar, que quizás viabilice conocer y comprobar judicialmente la participación civil de quienes, participes en la planificación de la concentración económica, dependencia, genocidio y desesperanza, podrían ser los auténticos responsables intelectuales de la cadena de horror del período.




martes, 26 de junio de 2012

Maxi y Darío, presentes! A 10 años de la Masacre de Puente Pueyrredón






«Bajo el poder militar, las fuerzas neoliberales podían ser anunciadas abiertamente e impuestas por la fuerza. Bajo el gobierno civil, deben disfrazarse e imponerse a través de la ficción del mandato electoral. La seudo legitimidad de los regímenes neoliberales se funda en la falsa afirmación de que el gobierno ha sido “libremente electo”. Pero los políticos son legítimamente electos sólo en tanto representantes de posiciones públicamente defendidas. Desgajado del contexto político, el proceso electoral pierde su legitimidad como cualquier otra forma de fraude político.  El grado en que se utiliza la manipulación en las campañas electorales neoliberales para atraer votos es diametralmente opuesto a lo que espera la mayoría del electorado; no sólo representa una violación de la verdad sino también de la propia noción de gobierno representativo. El ciclo neoliberal –la reproducción de los regímenes neoliberales- se basa pues en la capacidad de sus agentes para distorsionar el proceso electoral a través de la decepción conciente.  Esto no hace más que profundizar la brecha entre la preferencia de los votantes y las prácticas de la política clasista, entre los procesos electorales y los resultados políticos.» Petras, James.  América latina. De la globalización a la revolución, Homo Sapiens Ediciones, serie “Paradigmas y debates” dirigida por Alberto J. Pla, Rosario, 1996, traducción de Arturo Firpo (traducción de Imperialismo an Ong en América Latina) por Stephen Hasam, ISBN 950-808-259-3.)

No hace falta un estudio demasiado profundo para advertir la recurrencia en Argentina de arcaicos partidos marxistas -que, ante la negativa a reformular su agenda, van quedando cada vez más sepultados por las expectativas populares- a adoptar posiciones incómodas, pretendiendo obtener quizás algún rédito que le permita proyectarse en una suerte de proyecto socializante pluriclasista. La alianza con los caceroleros durante 2001 los aglutinó a la clase media en una protesta común, hubo quienes se sumaron a la demanda punitiva de Juan Carlos Blumberg durante 2004 y 2005 o que celebraron el rechazo legislativo a la resolución 125 que gravaba en un 35% las exportaciones de la soja. Es decir, la intención de obtener un posicionamiento político y mediático los ha llevado a aliarse contra quienes deberían ser sus enemigos de clase (la oligarquía agroexportadora y la burguesía industrial trasnacional) como medio de debilitar a un hipotético “gobierno burgués en funciones”.
Sin embargo, al considerar la ocasión de la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Kostecki, la solidaridad es casi inmediata. Conceptualizados como revolucionarios por los voceros del gobierno duhaldista que los reprimió ferozmente el 26 de junio de 2002, los móviles inmediatos de los grupos piqueteros que arribaron a Puente Pueyrredón fueron la obtención de un mayor número de seguros de desempleo y un aumento de la irrisoria suma que en tal sentido percibían. No se trataba de ácratas exaltados sino de sectores pauperizados, mayormente jóvenes, a quienes la violencia económica e institucional les había enseñado que debían presionar y resguardarse (de ahí las caras cubiertas de los demandantes) al poder político de turno para que deslice actividades hacia los sectores más vulnerados.
 Aníbal Fernández, un poderoso y hábil político que es aliado estratégico de un gobierno que es a todas luces progresista, ataca los cuestionamientos recibidos sosteniendo que proceden de la derecha. Sin embargo, bueno es recordarle su responsabilidad política en la represión de los que menos tienen y en favor del status quo. Otros, más perversos y astutos, han sido igualmente responsables de este episodio y no han dado la cara: para Eduardo Duhalde, el más involucrado, se exige la cárcel pero también reclama “juicio y castigo” para Solá, Juan José Alvarez, Aníbal Fernández, Atanasoff, Genoud, Oscar Rodríguez, Vanossi y Capitanich.


La (oportuna) conversión posterior no basta para reparar la muerte de dos militantes sociales, todo un éxito del proyecto autoritario neoliberal de Eduardo Duhalde. Fernández sin lugar a dudas es uno de los principales responsables políticos de la Masacre de Avellaneda. Como es habitual, ningún responsable político ha sido juzgado por los hechos: la represión y la sanción ejemplificadora fueron los medios de negociación del Estado con el sector más vulnerable de la sociedad civil.





No habiéndose pronunciado la historia sobre el genocidio militar de 1976-83, las secuelas del pasado seguían dejando huellas en el presente. La institución policial cobijaba eloscuro pasado de la represión, aunque siendo quizás el sector más expuesto en Puente Pueyrredón, el comisario Franchiotti y Alejandro Acosta, aunque culpables, fueron el chivo expiatorio de la tragedia.




Los medios se hicieron eco de los acontecido y difundieron la información de los medios oficialistas. Al respecto, el documental de  Patricio Escobar Damián Finvarb La crisis causó dos nuevas muertes (2007) es un valioso testimonio del comportamiento de los mass media. En él se exhibe claramente como la prensa especuló con las imágenes, en un juego aparente de extorsiones al gobierno por ocultar (la versión oficial hablaba de un “ajuste de cuentas” entre grupos piqueteros)  y omitir la responsabilidad política de lo sucedido (la “crisis”  aparece así como una consecuencia natural y fatal frente a la responsabilidad política).
Las muertes de Darío Santillán, Maximiliano Kostecki, como las de Mariano Ferreyra y los movimeintos campesinos en el norte argentino, son episodios recientes  que invitan a reflexionar sobre la necesidad de extender territorialmente la plena vigencia de los derechos humanos  y sociales ante un neoliberalismo acechante que siempre amenaza con volver a su rutina de disciplinamiento social y pauperización. La reciente designación en el Ministerio de Seguridad de dirigentes probos y capaces como Sergio Berni y Nilda Garré brindan una sólida esperanza en la construcción de una polícía responsable y una resolución estratégica de los conflictos sociales. 

lunes, 25 de junio de 2012

Los juicios contra la impunidad

El modelo argentino

(Los argentinos que hemos sufrido la violencia de la impunidad y la dictadura de mercado durante los noventa, nos asombramos aún del largo tiempo en que tantos asesinos perdieron sus privilegios. En la Argentina, falta mucho aún por saber y apenas se empieza a ahondar en la complicidad civil del violento genocidio. Vaya aquí este pequeño apunte sobre el camino recorrido por el gobierno argentino para comenzar el camino del juicio a quienes decidieron ser enemigo de la democracia.)

§         En el año 2003 asumió la Presidencia de la Nación el Dr. Néstor Kirchner. El respeto y la vigencia de los derechos humanos, la recuperación de la memoria colectiva y la realización de la justicia para acabar con el largo proceso de impunidad, se construyeron en pilares fundamentales de la nueva gestión de gobierno.
§         En ese contexto, el 21 de agosto de 2003, a través de la sanción de la ley 25.779, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación declararon “insanablemente nulas” las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
§         Una de las primeras medidas que había tomado el gobierno al asumir el poder fue reformar al Poder Judicial. Esta medida, que contó con aprobación masiva, comenzó por el máximo tribunal de justicia. Se sometió a juicio político a partir de sus miembros permitiendo que la sociedad civil emitiera opinión sobre los méritos de los candidatos propuestos para reemplazar a aquellos quienes abandonaban sus cargos.
§         En el año 2005 la nueva composición de la Corte Suprema, con el favorable de siete de sus nueve miembros, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad en un fallo que cobró dimensión histórica al sentar jurisprudencia y ratificar los pasos que había dado el Congreso hasta entonces.
§         Un año antes, el 24 de marzo de 2004, en el acto de conmemoración del aniversario del golpe de Estado de 1976 que realizó en el Colegio Militar de la Nación, el Presidente Kirchner ordenó retirar inmediatamente los retratos de los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone que colgaban de las paredes del Patio de Honor.
§         Ese mismo día, por un acuerdo entre el Gobierno de la Nación y el de la Ciudad de Buenos Aires, la tristemente célebre Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue retirada de la órbita de las Fuerzas Armadas y se decidió dedicar el predio de lo que fuera el mayor campo de concentración de Sudamérica como espacio para la memoria.
§         Este escenario permitió que en la actualidad y después de años de impunidad, se encuentren en trámite procesos penales contra los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
§         Finalmente el Estado cumple con su obligación de investigar, juzgar y castigar a los autores de violaciones a los derechos humanos

Fuente.
“La escuela hace memoria”, manual de Educación en Derechos Humanos, publicado por la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

sábado, 23 de junio de 2012

Ofensivas destituyentes, versión 2012 (1)



Durante la última semana, nuevamente se ha podido observar acciones desestabilizadoras que ha  contado con el apoyo de los sectores más concentrados. Desde 2008 a esta parte, la región asistió a situaciones que pusieron en jaque a distintos gobiernos (protesta del sector agroexportador en Argentina durante 2008-2009; protesta de los autonomistas de Santa Cruz de la Sierra en 2008; destitución constitucional de Manuel Zalaya en 2009 en Honduras; secuestro policial de Rafael Correa en 2010), todos ellos claramente influenciados por el modelo que llevó al, breve derrocamiento de Hugo Chávez Frías en Venezuela durante 2002: alta participación medática, apelación a "entendidos publicistas" para avisorar crisis social y económica ante las decisiones de un gobierno autoritario e importante participación opositora gremial y empresarial.
La realización de un paro nacional indeterminado por el sindicato de camioneros en Argentina el pasado miercoles, el juicio político que destituyó a Fernando Lugo en Paraguay en la jornada de ayer y la protesta policial en Bolivia revelan hechos perturbadores que invitan a reflexionar sobre el fortalecimiento de las garantías democráticas de la región y la (¿casual?) coyuntura en que ocurren.



sábado, 17 de marzo de 2012

Primer juicio a genocidas civiles en Argentina

El pasado viernes 16 de marzo,  en la aula magna de la Universidad del Centro de Tandil, el Tribunal Oral Federal condenó a los cinco acusados por el crimen del abogado laboralista Carlos Moreno durante la última dictadura militar.

El Tribunal Oral de Tandil, integrado por los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra emitieron un fallo por el que condenaron por privación de la libertad, tormentos agravados y homicidio al abogado laboralista Carlos Moreno. La peculiaridad del caso por vez es que por primera vez se enjuicia y condena a civiles implicados en delitos de lesa humanidad por la dictadura del 76-83.  Estos civiles serían los hermanos Emilio y Julio Méndez, que cedieron su chacra como centro clandestino de detención.

Carlos Alberto Moreno era abogado laboralista de Olavarría y a partir de asumir el compromiso de su trabajo como abogado y militante le ganó varios juicios a la empresa Loma Negra por la salud de los trabajadores. El 19 de abril del ’77 lo secuestraron, lo torturaron y asesinaron.

Se destaca también la extensión de los implicados que surgen a partir del proceso de investigación. En primer lugar, aparecerían directamente implicados quienes se desempeñaban en las viciadas instituciones de gobierno de entonces, el ministro de Gobierno Jaime Smart por la difusión de un comunicado falso del Primer Cuerpo del Ejército que presentó el homicidio como producto de un enfrentamiento y también ordenaron abrir causas a los integrantes de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Además, el tribunal ordenó impulsar una investigación sobre el directorio de la cementera Loma Negra, entonces presidido por la recientemente fallecida Amelia Lacroze de Fortabat por la sospecha de haber sido un partícipe intelectual.

Los cronistas señalan que el discurso de los jueces se fundó en considerar al período del gobierno golpista del 76-83 como “dictadura cívico-militar”, concepto instalado en la sociedad muy recientemente por la interpretación que el gobierno argentino de ha hecho de este proceso histórico. Lo cierto es que previamente a la apertura de los juicios a los genocidas -en el imaginario de los argentinos más analíticos- siempre estuvo presente la idea de que la eliminación sistemática de vidas humanas estuvo ligada a un proyecto político-capitalista dirigido por una élite plutocrática dispuesta a limitar la capacidad de movilización social, reprimarizar y trasnacionalizar la economía, endeudar la Argentina al capital financiero, pauperizar la sociedad civil, eliminar los liderazgos populares y restringir a un mínimo la esfera de derechos. Afortunadamente, en señal de un cambio de los tiempos la fortísima sospecha de la complicidad entre mercado y represión se transforma cada vez más en una verdad inobjetable que reclama volverse verdad jurídica.



jueves, 2 de junio de 2011

¡Viva la muerte!... (4): Orden y democracia: “in God we trust”




Tras la hipotética muerte de Osama Bin Laden el domingo 1º de mayo, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama pronunció un discurso en cadena nacional destinado a causar un fuerte impacto político. El acontecimiento fue anunciado como un éxito político del pueblo estadounidense. Por la contundencia de sus pronunciamientos, amerita revisarse la veracidad de sus afirmaciones y analizar el posible impacto en el estadounidense medio.
Inicialmente, Obama buscó sensibilizar a su audiencia. Osama Bin Laden es “el terrorista responsable del asesinato de miles de hombres inocentes, mujeres y niños”, aquél que dejó en familias “la silla vacía a la hora del almuerzo”. Pero lo que Obama omite es la responsabilidad histórica del Estado que preside y que ha dejado, en cada intervención armada que ha realizado, un número de víctimas inocentes sea por lesiones a la integridad física, pérdidas humanas o daños económicos. De esta forma, en el estado de guerra que genera cada enfrentamiento del ejército estadounidense, se suspende toda garantía y la población local inocente queda sometida al capricho de las fuerzas extranjeras, justificados bajo la argumentación de “daños colaterales”. Los miles de muertos iraquíes, ¿no serán víctimas en verdad de una política etnocéntrica sustentada en el eufemismo de “la lucha por la libertad”? y, en ese caso, ¿no podría hablarse entonces de genocidio? Obama niega referirse a las víctimas del intervencionismo, ya que implicaría poner en debate una política de Estado inamovible; en consecuencia, valoriza los muertos del atentado por encima de los muertos por la política que generó ese 11 de septiembre.
Por supuesto, es más sencillo recordar la imagen de los edificios encendidos del 11-9 que imaginar las violaciones de derechos humanos en Guantánamo y en los lugares de intervención. La escasa información de estos abusos se ha dado a conocer en episodios aislados, de los cuales los abusos en la cárcel de Abu Ghraib (2004) han sido los de mayor publicidad. Sin embargo, la posibilidad de autocrítica sería vista en Estados Unidos como una traición al interés nacional y un gesto de debilidad. El discurso de Obama no podía derivar en un novedoso comportamiento altruista y, conservando la estrategia de éxito de los líderes republicanos, se dirigió a realimentar los deseos de competencia y aguijonear los anhelos del triunfo nacional.
Es sorprendente también la intención inicial y el fin que Estados Unidos brinda a su relación con su ex agente. Obama advierte de su intención legalista: “autoricé una operación para capturar a Osama Bin Laden y llevarlo ante la justicia”. Sin embargo, tras referirse a la operación que dio fin al líder fundamentalista señala que “ningún estadounidense resultó herido” y que “tras un tiroteo, mataron a Osama Bin Laden”. Hasta el momento, sólo hay una aceptación sobre la responsabilidad de un hombre que se presume muerto, pero no hay pruebas de la muerte -el cadáver fue, según lo dicho, arrojado al mar- ni tampoco de la resistencia al aprisionamiento.
Otro aspecto llamativo es la convicción de Obama de que “Al Qaeda continuará con los ataques contra nosotros” y la innumerable cantidad de amenazas atribuida a la red, habida cuenta de que el éxito del terrorismo está dado en su efecto sorpresa y en los daños que produce. Seguramente Al-Qaeda tardará algún tiempo en desaparecer, hasta que surja un enemigo de mayor potencialidad y permita un negocio más lucrativo.
Sin lugar a dudas, las víctimas del 11-9 no eran los impulsores directos ni reales beneficiarios de esta política. El atentado resultó un instrumento para legitimar la influencia norteamericana sobre las zonas más remotas del planeta. Sin embargo, ello no quita que al ciudadano norteamericano medio, actuando en una sociedad cuyo gobierno toma grandes decisiones a escala planetaria, pueda llamárselo “inocente”, pues la responsabilidad nacida de ese hecho es incompatible con esa calidad. Eran ciudadanos que participaban de una sociedad imperial y agresiva, consumidores de las exacciones a poblaciones invadidas, y votaban representantes que sostenían una política exterior homicida. En este sentido, los “miles de hombres inocentes” a que se refiere Obama contribuyen a amenazar poblaciones, debilitar gobiernos, intervenir en territorios y derrocar gobiernos no afines.

Las últimas frases de Barack Obama están destinadas a realzar el espíritu nacional en lo que se considera un triunfo de los Estados Unidos sobre otra amenaza a la seguridad nacional. Es una advertencia de Estados Unidos a todo desafío externo, modificando las expectativas que gran parte del mundo se hacía tras las ida de Bush.(1) La afirmación “seremos implacables en la defensa de nuestros ciudadanos” resulta aceptable, pero a ello agrega que también lucharán por la de “nuestros amigos y aliados”, con lo cual habilita la posibilidad de intervenir en favor de gobiernos aliados en apuros, habilitando la violación de la soberanía nacional y el principio de autodeterminación de los pueblos a gusto. Al mismo fin pareciera responder el “hacer todo lo posible para prevenir otro ataque a nuestro territorio”, lo que habilitaría a la demonización selectiva de determinados gobiernos para actuar contra ellos. “La causa para asegurar a nuestro país no se ha completado”, expresa el mandatario, indicando la necesidad de estar alerta ante proximidad de un nuevo desafío. La nación del Destino Manifiesto habla en boca de su máxima autoridad política: “Recordemos que podemos hacer estas cosas no sólo por la riqueza por el poder, sino por lo que somos: una nación, bajo Dios, con libertad y justicia para todos”. 
Las repercusiones se evidenciaron en importantes festejos en la vía pública, seña de la impunidad de un poder coactivo que hace, enemigos, genera, tortura y asesina “enemigos”. (2)






NOTAS

(1) Santiago O´Donnell, analista internacional argentino, señala que «de un plumazo Obama se adueño de la guerra antiterrorista de Bush, esa guerra llena de mentiras y repudiada por todo el mundo incluso por los estadounidenses.
Es volver atrás reinstalando la tortura y la ejecución sumaria como métodos aceptables dentro de una excepcionalidad que sólo puede ser invocada por la supuesta superpotencia mundial, que ya no lo es tanto como se lo cree.» (en “Almuerzo gratis”, opinión en el diario argentino Página/12 del 8/5/2011, p. 25)
(2) Ernesto Semán, periodista del diario argentino “Página/12”, compara la algarabía en las calles con los registrados en la película “La fiesta de todos”, de Sergio Renán, que atestigua la felicidad en Argentina por la obtención del mundial de futbol de 1978, en un celo patriótico que ocultaba la represión, torturas y genocidio durante una tiranía militar. Señala, que, aún, así, «Lo de Estados Unidos fue aún peor en su perversión, en la calidad opresiva de su presentación, en la ignorancia con que la mayoría parece vivir el achicamiento de sus opciones. Desde los centenares de miles de muertos que se lleva la década al aplanamiento patriótico de la duda, y desde una sociedad disciplinada bajo el rigor de una guerra disciplinada bajo el rigor de una guerra indescifrable que los veinteañeros sólo pueden inteligir como una pelea contra el demonio corporizado en Al Qaeda, hasta el recuerdo de amigos y vecinos saltando al vacío desde trescientos metros de altura huyendo del fuego, los norteamericanos vivieron al captura y ejecución de Bin Laden en un registro e mociones mucho más diverso que lo que su propio país les permite expresar. Al menos en Argentina nadie en su sano juicio creía estar viviendo en libertad. (en “Bin Laden, la fiesta de todos”, en diario “Página/12” del 8/5/2011, p. 25)».


viernes, 20 de mayo de 2011

¡Viva la muerte!... (3): El nombre del Enemigo




 

La Guerra Fría resultó un arduo ejercicio para el bloque euronorteamericano al enfrentarse a un Estado rudo y conservador. La inesperada derrota de la Unión Soviética debía repercutir necesariamente en el Estado norteamericano, con una constante militarización sobre la base de una paz armada. Una circunstancia semejante llevaría una drástica reducción de gastos, salarios y puestos de trabajo, deteriorando ingresos y expectativas de los empresarios de la guerra.
Falla de los servicios de inteligencia u omisión política, el atentado del 11 de septiembre reactivó la amenaza a Estados Unidos con un ataque dentro del mismo país, generando una importante sensación de pánico y humillación a su calidad de potencia hegemónica.
Esta aparición violenta e inesperada de Al Qaeda en la escena mundial permitió la tipificación de un nuevo enemigo: el fundamentalismo islámico, asumido en forma de resistencia religiosa frente a la influencia norteamericana en la región. De este modo, la red del ex agente anticomunista terminaba volviéndose contra sus antiguos financistas y promotores.
Al Qaeda expuso en su agresión una demostración típicamente contemporánea del poder: actuó inesperadamente, con actores desconocidos como la misma fuente de poder que les dio protagonismo. La amenaza fundamentalista impuso el terror y la sospecha colectivos, propiciando un estadio de guerra necesario para una campaña de remilitarización. Nos e trata ya de visualizar posibles escenarios de conflicto de alta intensidad sino de un enemigo anónimo dispuesto a la inmolación por un objetivo político-religioso. El enemigo no es ya un Estado con moderna tecnología militar, sino un grupo dotado de recursos capaz de generar atentados que, en forma de hechos políticos, podrían multiplicar las organizaciones clandestinas en forma de resistencia islámica, más allá de Medio Oriente inclusive.
Conocidas ya las razones que dan lugar al fundamentalismo, es preciso detenernos un poco en la retórica y en la relación antitética que la organización realiza. Desde sus distintos comunicados, Al-Qaeda promueve la realización de una Jihad y llama a un combate de los fieles contra los infieles. Limitar el combate antiimperialista a una lucha religiosa parece erróneo si la auténtica pretensión fuese limitar el intervencionismo militar y la influencia política de las potencias hegemónica. Al-Qaeda y Bin Laden minimizan así una lucha por la soberanía que antes de Medio Oriente ha tenido como protagonistas a otros continentes, desde África a América Latina. Esta sujeción y apropiamiento de la lucha por la libertad, simplificado en unos buenos contra otros malos, puede ser útil para la formación de un mito destinado a fortalecer la moral de los combatientes pero, objetivamente, elimina la historia de otras prácticas de resistencia extendidas a lo largo del mundo y, con ello, la posibilidad de enjuiciar críticamente las acciones llevadas adelante para perfeccionarlas desde la experiencia de otros grupos. Inicialmente, Al-Qaeda plantea en el ataque a las Torres Gemelas que el único medio de lucha capaz de amedrentar a los intereses norteamericanos en el mundo islámico es la agresión y que su objetivo es religioso, por lo tanto, la organización sería internacional y destinada a evitar la dominación del mundo islámico (esta postura serviría de marco habilitante para actuar en cualquier país islámico). Este aspecto ameritaría ser repensado a los fines que la organización dice buscar puesto que su proclama amenazante y métodos limitan el consenso internacional respecto de sus fines y al mismo tiempo debilitan los reclamos del mundo árabe, habida cuenta de la importancia que los medios masivos de comunicación tienen para formar estereotipos, simplificar una trayectoria de sucesos históricos y omitir información relevante.
Los musulmanes ya no representan la resistencia contra la opresión del comunismo eslavo: son la personificación de una amenaza que, en por insolencia, violencia y desprecio a lo mundano, se torna irracional e incontenible por definición.
La amenaza terrorista resulta así, precisamente, el mejor aliado a los empresarios de la guerra. El islamismo debe quedar bajo sospecha. De otro modo, no serviría a los fines prácticos y políticos de servir a la nueva política exterior norteamericana.

domingo, 15 de mayo de 2011

¡Viva la muerte! ... (2): El incidente de las Torres Gemelas y la tipificación de la nueva amenaza a Estados Unidos: el terrorismo islámico





«Hay peligrosas amenazas terroristas por todas partes. Existe una verdadera y simple manera para que Estados Unidos reduzca significativamente la envergadura del terrorismo en el mundo: dejar de apoyarlo y de participar en él.» (Noam Chomsky, Poder y Terror)


Debatir el terrorismo y su utilidad es un desafío humanista que consiste en una valoración ajena a la mojigatería y el extremismo. Se trata, ni más ni menos, que plantear un enfoque sobre las condiciones particulares que hacen posible la aparición del fenómeno.
Los enfrentamientos entre el mundo islámico y Occidente preceden al atentado de las Torres Gemelas, evento que ha servido a la profundización de un conflicto histórico. La abierta posición estadounidense a favor de su aliado regional Israel ha dotado en Medio Oriente de una poderoso enclave occidental capaz de avasallar las poblaciones musulmanas bajo represalias cuyo costo se traduce en miles de pérdidas humanas, justificadas como ataques a líderes o células terroristas.
Los miles de inocentes que padecen tras la incursión de cuerpos antiterroristas quiebras económicas y pérdidas humanas, entre tantos otros derechos lesionados, dejan en consecuencia subjetividades profundamente afectadas que, además, verán imposibilitada una condena judicial contra los militares devenidos asesinos. Ante semejantes crímenes que van desde la muerte a inimaginables ofensas a la dignidad humana, se fomenta la ira de los pueblos vejados por la injusticia de tanta impunidad.
Como es esperable, el reclamo de un accionar judicial contra los ejecutores de semejantes actos criminales se ve obstaculizado por el poder presión ejercido por los medios de comunicación (que ignoran, omiten o falsifican datos de sobre esta política delictiva) y de las propias potencias opresoras. Es así que se organiza un sistema de relaciones internacionales jerárquico y autoritario, contrario a los principios liberales que, en su plano teórico, fundaban un “imperio de leyes, no de hombres”. El caso del juez español Baltasar Garzón, curiosamente desplazado de su cargo como juez de la Audiencia Nacional tras investigar los crímenes sucedidos en su país durante la dictadura del general Francisco Franco, ilustra sobre el destino de quiénes se atreven a juzgar a los actos criminales de un gobierno –lo que lleva implícito la posibilidad enaltecer a las víctimas, condenar el apoyo de sus aliados occidentales y descubrir a eventuales beneficiarios privados-; si esto ocurre en España, una débil potencia europea, habría que imaginar que sucedería en un país de mayor protagonismo internacional. Reconocer errores a un proceder resulta inaceptable a una mentalidad autoritaria y triunfalista. Es muy difícil imaginar que de las sociedades de los países hegemónicos surja una iniciativa para juzgar los crímenes de guerra de sus fuerzas armadas, dado el debilitamiento del sentimiento de justicia por la propaganda/publicidad, el fortalecimiento de las empresas locales que lucran con los territorios amedrentados y por el sostén que la empresa belicista del Estado da al consumo interno.
El terrorismo resulta, más que una posibilidad de justicia, una respuesta a la ofensa por la agresión de una potencia extranjera como medio de evitar el deshonor y de evidenciar la indignación a los atropellos sufridos. Pero atendiendo a fines prácticos, resulta débil como tentativa para acabar con la influencia norteamericana en la zona: si bien es inteligente pensar en términos de una resistencia ubicua a las pretensiones neocoloniales de las grandes potencias y es necesaria la aparición de actos de resistencia imprevisibles, el terrorismo no parece un medio idóneo para combatir a las potencias occidentales, dotadas de mayor información y tecnología como para aniquilar toda amenaza de este tipo.