Nunca un
fundamento ideológico previo tuvo tan presente el interés en la dominación de
los pueblos como el liberalismo económico. Con origen en doctrinas
contractualistas anglosajonas que viabilizaban la libertad absoluta de una
ínfima minoría (la burguesía tempranamente advirtió a sus beneficiados la
importancia de la reducción de costos y la desigualdad entre los hombres. El
Estado debía ser apenas garante de la seguridad, en la afirmación de que el
mercado y el orden social obedecen a una regulación del orden de la naturaleza,
confiando en que las riquezas producidas en el seno de una sociedad se
derramarían por las inversiones de los ciudadanos más prósperos. Sin embargo,
esta visión del Estado de no-hacer queda desmentida luego en la activa
participación del aparato estatal en la empresa imperialista durante el siglo
XIX. Así, los sectores ligados al comercio de los países hegemónicos se
valieron de provechosos acuerdos con oligarquías extranjerizantes y burguesías
trasnacionalizadas, sin omitir la posibilidad de una intervención armada ante
posiciones nacionalistas o mandatarios deudos de algún acuerdo. La visión más
fundamentalista del liberalismo, el neoliberalismo, se constituye en un elemento
de consolidación y perpetuación de las desigualdades con un ejercicio de
control ideológico y político sobre naciones en desarrollo cuya metodología se
extiende desde las presiones de organizaciones civiles y políticas hasta la
destitución por golpe de Estado y la persecución y exterminio de sujetos
críticos. Despojando de la vida y privando perspectivas de futuro a
generaciones, el neoliberalismo responde a un plan sistemático bajo un dominio
violento para la implementación de un totalitarismo liberal que actúa en las
sociedades pauperizando, excluyendo y dividiendo como verdadero instrumento de
conflicto social.
Precisamente,
la experiencia latinoamericana del neoliberalismo durante la década del 90 demuestra
como imprescindible la intervención del Estado en la economía desde una
política auténticamente nacional, para evitar el control del capital por sobre la Política y avanzar en
medidas que direccionen la distribución de la riqueza y el aumento de la
producción como garantías de desarrollo social. Cabe decir entonces que la conformación
de un Estado regulador necesita de un consolidado bloque nacional y popular que,
aglutinando una pluralidad de fuerzas bajo los principios de soberanía
política, independencia económica y justicia social puedan proyectarse en el
sistema político como fuerza constituyente de profundización para sostener la
continuidad del modelo. En este sentido, el proyecto político que se disemina
desde el gobierno de la presidenta Cristina Fernández requiere aún de mayor
organización y unidad junto a la formación de nuevos cuadros, ya que la
trayectoria ideológica de muchos dirigentes se presenta como una amenaza a los
logros realizados desde 2003.
La medida más
importante de redefinición del Estado llevada adelante por el kirchnerismo es
la estatización de las acciones de Repsol el 3 de mayo de 2012, por lo cual el
Estado argentino participa con capital mayoritario dentro de la empresa
hidrocarburífera. Con ello se dio lugar a la recuperación de una histórica
empresa nacional, ligada a la
planificación estatal y al desarrollo industrial que supieron generar un modelo
de pleno empleo altamente distributivo. Una vez más, desde las esferas
gubernamentales la decisión de la presidenta Fernández confirma la apuesta a un
Estado que tenga solvencia y expectativas de futuro al hacerse de sus recursos
estratégicos, al tiempo que vuelve a hacer pública a una empresa cuya mayor
importancia reviste en la función social
que ejercerá, nuevamente, demostrando que el Estado argentino es capaz de administrar
con eficacia y generar credibilidad en el pueblo que administra.
Este nuevo rol del Estado asumido por el gobierno argentino en pos de
la recuperación de la soberanía perdida tiene como corolario el incesante
reclamo por la recuperación de la actual posesión colonial de las Islas Malvinas, tomadas manu militari por el Reino Unido en
1833. La posición argentina se fundamenta en el reclamo permanente, la voluntad
posesoria, la contigüidad geográfica y la continuidad jurídica de las
posesiones reales, con grandes protestas anexas ante la negativa del Reino
Unido a entablar negociaciones y la realización de incursiones navales
permanentes que implican una militarización de la zona. Al mismo tiempo, el
reconocimiento de los justos derechos del pueblo argentino sobre las islas ha demostrado
la vigencia concreta de la solidaridad de los países latinoamericanos, que no
sin asumir riesgos han hecho suya esta causa argentina. Por tanto, la cuestión
sobre Malvinas excede lo nacional para transformarse también en una causa
latinoamericana y antiimperialista que advierte del potencial de la unión suramericana
como una región influyente en un mundo que se definirá en múltiples polos de
poder. A estos elementos políticos cabe añadir los geoestratégicos, en la meta
de lograr una plena soberanía subcontinental y recuperar el aprovechamiento de
los recursos naturales inherentes a esos territorios.
Sería injusto menoscabar la positiva influencia regional, que expresa
un nítido predominio de gobiernos progresistas, en que se destaca la
conformación de la UNASUR
en 2008 (que demostró ser un eficaz instrumento de estabilidad política ante
las ofensivas destituyentes en Argentina, Bolivia y Ecuador) de la organización
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), una
convergencia de distintos gobiernos que entiende la necesidad de luchar contra
los procesos neoliberales de reforma del Estado, la eliminación del
analfabetismo (ya superado en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua), defensa
de la democratización y derechos humanos, profundización de la integración
latinoamericana, desarrollo sustentable de la economía, hasta un mayor control
de los recursos naturales por el Estado (casos de las estatizaciones en
Venezuela y Bolivia, los países más representativos de esta alianza).
A pesar de no haber representado jamás una amenaza a la alta burguesía
local para constituir la alternativa hacia un socialismo nacional, el peronismo
es un antecedente reciente relevante del pasado histórico argentinota que su mito
movilizador de mayorías fortalece la legitimación de un Estado interventor,
inclusivo y con objetivos de industrialización. La actualidad del relato
peronista permanece vigente en la presión de grupos antagónicos que apuestan a
la primarización de las exportaciones, la desregulación del capital financiero
y la concentración económica. El peronismo inicial, en tanto épica victoriosa popular y antioligárquica, es una buena sintésis de proyectos postergados de la historia argentina que se remontan a los orígenes de nuestra liberación del dominio político español.
Otras presiones a favor de una reducción de la intervención del Estado
se expresa a través de la prensa tradicional y canales de aire, que como
comunicadores de los oligopolios actuantes no aceptan cuestionamientos públicos
(de ahí la crítica por “persecución de periodistas” del programa oficialista
678, en que se desmienten los argumentos utilizados por el periodismo
opositor). Contra las demandas argentinas sobre Malvinas, asistimos en el
presente año a la lamentable formación de un grupo ad hoc de opinadores (que nocasualmente el periodismo liberal tituló de “intelectuales”) en apoyo a que loscolonos británicos de Malvinas decidan (fundándose en el “derecho a laautodeterminación de los pueblos”) a decidir sobre el destino del territorio que habitan.
La
recuperación de una empresa petrolífera nacional y la exhortación a entablar un
diálogo por la situación de Islas Malvinas, en un mundo que ha atestiguado el
inicio de una intensa carrera armamentística y la apuesta al belicismo como
estrategia de apropiación de fuentes energéticas, implican un serio desafío de
constituir dispositivos de defensa del patrimonio. En tal sentido, la
permanente propuesta de la presidenta Cristina Fernández de modificar el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es una clara muestra del interés
del gobierno argentino por redefinir la estructura de poder global. Sin
embargo, lo verdaderamente interesante respecto a los cambios acontecidos en la
realidad nacional es la apertura hacia nuevas posibilidades a través de una
fusión de Pueblo y Estado que descubren sus potencialidades y retoman la pugna
por causas que, aunque provistas de un alto contenido histórico, se creían
destinadas a enlistarse en un inventario de derroteros.
