Más Estado para más desarrollo

Nunca un fundamento ideológico previo tuvo tan presente el interés en la dominación de los pueblos como el liberalismo económico. Con origen en doctrinas contractualistas anglosajonas que viabilizaban la libertad absoluta de una ínfima minoría (la burguesía tempranamente advirtió a sus beneficiados la importancia de la reducción de costos y la desigualdad entre los hombres. El Estado debía ser apenas garante de la seguridad, en la afirmación de que el mercado y el orden social obedecen a una regulación del orden de la naturaleza, confiando en que las riquezas producidas en el seno de una sociedad se derramarían por las inversiones de los ciudadanos más prósperos. Sin embargo, esta visión del Estado de no-hacer queda desmentida luego en la activa participación del aparato estatal en la empresa imperialista durante el siglo XIX. Así, los sectores ligados al comercio de los países hegemónicos se valieron de provechosos acuerdos con oligarquías extranjerizantes y burguesías trasnacionalizadas, sin omitir la posibilidad de una intervención armada ante posiciones nacionalistas o mandatarios deudos de algún acuerdo. La visión más fundamentalista del liberalismo, el neoliberalismo, se constituye en un elemento de consolidación y perpetuación de las desigualdades con un ejercicio de control ideológico y político sobre naciones en desarrollo cuya metodología se extiende desde las presiones de organizaciones civiles y políticas hasta la destitución por golpe de Estado y la persecución y exterminio de sujetos críticos. Despojando de la vida y privando perspectivas de futuro a generaciones, el neoliberalismo responde a un plan sistemático bajo un dominio violento para la implementación de un totalitarismo liberal que actúa en las sociedades pauperizando, excluyendo y dividiendo como verdadero instrumento de conflicto social.

Precisamente, la experiencia latinoamericana del neoliberalismo durante la década del 90 demuestra como imprescindible la intervención del Estado en la economía desde una política auténticamente nacional, para evitar el control del capital por sobre la Política y avanzar en medidas que direccionen la distribución de la riqueza y el aumento de la producción como garantías de desarrollo social. Cabe decir entonces que la conformación de un Estado regulador necesita de un consolidado bloque nacional y popular que, aglutinando una pluralidad de fuerzas bajo los principios de soberanía política, independencia económica y justicia social puedan proyectarse en el sistema político como fuerza constituyente de profundización para sostener la continuidad del modelo. En este sentido, el proyecto político que se disemina desde el gobierno de la presidenta Cristina Fernández requiere aún de mayor organización y unidad junto a la formación de nuevos cuadros, ya que la trayectoria ideológica de muchos dirigentes se presenta como una amenaza a los logros realizados desde 2003.

La medida más importante de redefinición del Estado llevada adelante por el kirchnerismo es la estatización de las acciones de Repsol el 3 de mayo de 2012, por lo cual el Estado argentino participa con capital mayoritario dentro de la empresa hidrocarburífera. Con ello se dio lugar a la recuperación de una histórica empresa nacional,  ligada a la planificación estatal y al desarrollo industrial que supieron generar un modelo de pleno empleo altamente distributivo. Una vez más, desde las esferas gubernamentales la decisión de la presidenta Fernández confirma la apuesta a un Estado que tenga solvencia y expectativas de futuro al hacerse de sus recursos estratégicos, al tiempo que vuelve a hacer pública a una empresa cuya mayor importancia reviste  en la función social que ejercerá, nuevamente, demostrando que el Estado argentino es capaz de administrar con eficacia y generar credibilidad en el pueblo que administra.

Este nuevo rol del Estado asumido por el gobierno argentino en pos de la recuperación de la soberanía perdida tiene como corolario el incesante reclamo por la recuperación de la actual posesión colonial de las Islas Malvinas, tomadas manu militari por el Reino Unido en 1833. La posición argentina se fundamenta en el reclamo permanente, la voluntad posesoria, la contigüidad geográfica y la continuidad jurídica de las posesiones reales, con grandes protestas anexas ante la negativa del Reino Unido a entablar negociaciones y la realización de incursiones navales permanentes que implican una militarización de la zona. Al mismo tiempo, el reconocimiento de los justos derechos del pueblo argentino sobre las islas ha demostrado la vigencia concreta de la solidaridad de los países latinoamericanos, que no sin asumir riesgos han hecho suya esta causa argentina. Por tanto, la cuestión sobre Malvinas excede lo nacional para transformarse también en una causa latinoamericana y antiimperialista que advierte del potencial de la unión suramericana como una región influyente en un mundo que se definirá en múltiples polos de poder. A estos elementos políticos cabe añadir los geoestratégicos, en la meta de lograr una plena soberanía subcontinental y recuperar el aprovechamiento de los recursos naturales inherentes a esos territorios.

Sería injusto menoscabar la positiva influencia regional, que expresa un nítido predominio de gobiernos progresistas, en que se destaca la conformación de la UNASUR en 2008 (que demostró ser un eficaz instrumento de estabilidad política ante las ofensivas destituyentes en Argentina, Bolivia y Ecuador) de la organización Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), una convergencia de distintos gobiernos que entiende la necesidad de luchar contra los procesos neoliberales de reforma del Estado, la eliminación del analfabetismo (ya superado en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua), defensa de la democratización y derechos humanos, profundización de la integración latinoamericana, desarrollo sustentable de la economía, hasta un mayor control de los recursos naturales por el Estado (casos de las estatizaciones en Venezuela y Bolivia, los países más representativos de esta alianza).

A pesar de no haber representado jamás una amenaza a la alta burguesía local para constituir la alternativa hacia un socialismo nacional, el peronismo es un antecedente reciente relevante del pasado histórico argentinota que su mito movilizador de mayorías fortalece la legitimación de un Estado interventor, inclusivo y con objetivos de industrialización. La actualidad del relato peronista permanece vigente en la presión de grupos antagónicos que apuestan a la primarización de las exportaciones, la desregulación del capital financiero y la concentración económica. El peronismo inicial, en tanto épica victoriosa popular y antioligárquica, es una buena sintésis de proyectos postergados de la historia argentina que se remontan a los orígenes de nuestra liberación del dominio político español.

Otras presiones a favor de una reducción de la intervención del Estado se expresa a través de la prensa tradicional y canales de aire, que como comunicadores de los oligopolios actuantes no aceptan cuestionamientos públicos (de ahí la crítica por “persecución de periodistas” del programa oficialista 678, en que se desmienten los argumentos utilizados por el periodismo opositor). Contra las demandas argentinas sobre Malvinas, asistimos en el presente año a la lamentable formación de un grupo ad hoc de opinadores (que nocasualmente el periodismo liberal tituló de “intelectuales”) en apoyo a que loscolonos británicos de Malvinas decidan (fundándose en el “derecho a laautodeterminación de los pueblos”) a decidir sobre el destino del territorio que habitan.

La recuperación de una empresa petrolífera nacional y la exhortación a entablar un diálogo por la situación de Islas Malvinas, en un mundo que ha atestiguado el inicio de una intensa carrera armamentística y la apuesta al belicismo como estrategia de apropiación de fuentes energéticas, implican un serio desafío de constituir dispositivos de defensa del patrimonio. En tal sentido, la permanente propuesta de la presidenta Cristina Fernández de modificar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es una clara muestra del interés del gobierno argentino por redefinir la estructura de poder global. Sin embargo, lo verdaderamente interesante respecto a los cambios acontecidos en la realidad nacional es la apertura hacia nuevas posibilidades a través de una fusión de Pueblo y Estado que descubren sus potencialidades y retoman la pugna por causas que, aunque provistas de un alto contenido histórico, se creían destinadas a enlistarse en un inventario de derroteros.