martes, 26 de junio de 2012

Maxi y Darío, presentes! A 10 años de la Masacre de Puente Pueyrredón






«Bajo el poder militar, las fuerzas neoliberales podían ser anunciadas abiertamente e impuestas por la fuerza. Bajo el gobierno civil, deben disfrazarse e imponerse a través de la ficción del mandato electoral. La seudo legitimidad de los regímenes neoliberales se funda en la falsa afirmación de que el gobierno ha sido “libremente electo”. Pero los políticos son legítimamente electos sólo en tanto representantes de posiciones públicamente defendidas. Desgajado del contexto político, el proceso electoral pierde su legitimidad como cualquier otra forma de fraude político.  El grado en que se utiliza la manipulación en las campañas electorales neoliberales para atraer votos es diametralmente opuesto a lo que espera la mayoría del electorado; no sólo representa una violación de la verdad sino también de la propia noción de gobierno representativo. El ciclo neoliberal –la reproducción de los regímenes neoliberales- se basa pues en la capacidad de sus agentes para distorsionar el proceso electoral a través de la decepción conciente.  Esto no hace más que profundizar la brecha entre la preferencia de los votantes y las prácticas de la política clasista, entre los procesos electorales y los resultados políticos.» Petras, James.  América latina. De la globalización a la revolución, Homo Sapiens Ediciones, serie “Paradigmas y debates” dirigida por Alberto J. Pla, Rosario, 1996, traducción de Arturo Firpo (traducción de Imperialismo an Ong en América Latina) por Stephen Hasam, ISBN 950-808-259-3.)

No hace falta un estudio demasiado profundo para advertir la recurrencia en Argentina de arcaicos partidos marxistas -que, ante la negativa a reformular su agenda, van quedando cada vez más sepultados por las expectativas populares- a adoptar posiciones incómodas, pretendiendo obtener quizás algún rédito que le permita proyectarse en una suerte de proyecto socializante pluriclasista. La alianza con los caceroleros durante 2001 los aglutinó a la clase media en una protesta común, hubo quienes se sumaron a la demanda punitiva de Juan Carlos Blumberg durante 2004 y 2005 o que celebraron el rechazo legislativo a la resolución 125 que gravaba en un 35% las exportaciones de la soja. Es decir, la intención de obtener un posicionamiento político y mediático los ha llevado a aliarse contra quienes deberían ser sus enemigos de clase (la oligarquía agroexportadora y la burguesía industrial trasnacional) como medio de debilitar a un hipotético “gobierno burgués en funciones”.
Sin embargo, al considerar la ocasión de la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Kostecki, la solidaridad es casi inmediata. Conceptualizados como revolucionarios por los voceros del gobierno duhaldista que los reprimió ferozmente el 26 de junio de 2002, los móviles inmediatos de los grupos piqueteros que arribaron a Puente Pueyrredón fueron la obtención de un mayor número de seguros de desempleo y un aumento de la irrisoria suma que en tal sentido percibían. No se trataba de ácratas exaltados sino de sectores pauperizados, mayormente jóvenes, a quienes la violencia económica e institucional les había enseñado que debían presionar y resguardarse (de ahí las caras cubiertas de los demandantes) al poder político de turno para que deslice actividades hacia los sectores más vulnerados.
 Aníbal Fernández, un poderoso y hábil político que es aliado estratégico de un gobierno que es a todas luces progresista, ataca los cuestionamientos recibidos sosteniendo que proceden de la derecha. Sin embargo, bueno es recordarle su responsabilidad política en la represión de los que menos tienen y en favor del status quo. Otros, más perversos y astutos, han sido igualmente responsables de este episodio y no han dado la cara: para Eduardo Duhalde, el más involucrado, se exige la cárcel pero también reclama “juicio y castigo” para Solá, Juan José Alvarez, Aníbal Fernández, Atanasoff, Genoud, Oscar Rodríguez, Vanossi y Capitanich.


La (oportuna) conversión posterior no basta para reparar la muerte de dos militantes sociales, todo un éxito del proyecto autoritario neoliberal de Eduardo Duhalde. Fernández sin lugar a dudas es uno de los principales responsables políticos de la Masacre de Avellaneda. Como es habitual, ningún responsable político ha sido juzgado por los hechos: la represión y la sanción ejemplificadora fueron los medios de negociación del Estado con el sector más vulnerable de la sociedad civil.





No habiéndose pronunciado la historia sobre el genocidio militar de 1976-83, las secuelas del pasado seguían dejando huellas en el presente. La institución policial cobijaba eloscuro pasado de la represión, aunque siendo quizás el sector más expuesto en Puente Pueyrredón, el comisario Franchiotti y Alejandro Acosta, aunque culpables, fueron el chivo expiatorio de la tragedia.




Los medios se hicieron eco de los acontecido y difundieron la información de los medios oficialistas. Al respecto, el documental de  Patricio Escobar Damián Finvarb La crisis causó dos nuevas muertes (2007) es un valioso testimonio del comportamiento de los mass media. En él se exhibe claramente como la prensa especuló con las imágenes, en un juego aparente de extorsiones al gobierno por ocultar (la versión oficial hablaba de un “ajuste de cuentas” entre grupos piqueteros)  y omitir la responsabilidad política de lo sucedido (la “crisis”  aparece así como una consecuencia natural y fatal frente a la responsabilidad política).
Las muertes de Darío Santillán, Maximiliano Kostecki, como las de Mariano Ferreyra y los movimeintos campesinos en el norte argentino, son episodios recientes  que invitan a reflexionar sobre la necesidad de extender territorialmente la plena vigencia de los derechos humanos  y sociales ante un neoliberalismo acechante que siempre amenaza con volver a su rutina de disciplinamiento social y pauperización. La reciente designación en el Ministerio de Seguridad de dirigentes probos y capaces como Sergio Berni y Nilda Garré brindan una sólida esperanza en la construcción de una polícía responsable y una resolución estratégica de los conflictos sociales. 

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