El pasado viernes 16 de marzo, en la aula magna de la Universidad del Centro
de Tandil, el Tribunal Oral Federal condenó
a los cinco acusados por el crimen del abogado laboralista Carlos Moreno
durante la última dictadura militar.
El
Tribunal Oral de Tandil, integrado por los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor
Parra emitieron un fallo por el que condenaron por privación de la libertad,
tormentos agravados y homicidio al abogado laboralista Carlos Moreno. La peculiaridad del caso por vez es que por
primera vez se enjuicia y condena a civiles implicados en delitos de lesa
humanidad por la dictadura del 76-83. Estos civiles serían los hermanos Emilio y
Julio Méndez, que cedieron su chacra como centro clandestino de detención.
Carlos Alberto Moreno era abogado laboralista de Olavarría y a
partir de asumir el compromiso de su trabajo como abogado y militante le ganó
varios juicios a la empresa Loma Negra por la salud de los trabajadores. El 19
de abril del ’77 lo secuestraron, lo torturaron y asesinaron.
Se destaca también la extensión de los implicados que surgen a
partir del proceso de investigación. En primer lugar, aparecerían directamente
implicados quienes se desempeñaban en las viciadas instituciones de gobierno de
entonces, el ministro de Gobierno Jaime Smart por la difusión de un comunicado falso del Primer Cuerpo del Ejército que
presentó el homicidio como producto de un enfrentamiento y también ordenaron
abrir causas a los integrantes de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos
Aires. Además, el tribunal ordenó impulsar una investigación sobre el
directorio de la cementera Loma Negra, entonces presidido por la recientemente
fallecida Amelia Lacroze de Fortabat por la sospecha de haber sido un partícipe
intelectual.
Los cronistas señalan que el discurso de los jueces se fundó en
considerar al período del gobierno golpista del 76-83 como “dictadura cívico-militar”, concepto
instalado en la sociedad muy recientemente por la interpretación que el
gobierno argentino de ha hecho de este proceso histórico. Lo cierto es que
previamente a la apertura de los juicios a los genocidas -en el imaginario de
los argentinos más analíticos- siempre estuvo presente la idea de que la
eliminación sistemática de vidas humanas estuvo ligada a un proyecto
político-capitalista dirigido por una élite plutocrática dispuesta a limitar la
capacidad de movilización social, reprimarizar y trasnacionalizar la economía, endeudar
la Argentina
al capital financiero, pauperizar la sociedad civil, eliminar los liderazgos
populares y restringir a un mínimo la esfera de derechos. Afortunadamente, en
señal de un cambio de los tiempos la
fortísima sospecha de la complicidad entre mercado y represión se transforma
cada vez más en una verdad inobjetable que reclama volverse verdad jurídica.
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