Un video de difusión reciente expresa la convicción
del presidente español Mariano Rajoy de que los recursos estratégicos deben ser
controlados por el Estado.
El enojo
expresado por el gobierno español se valió de una serie de argumentos que apelaban
a la seguridad jurídica y al orden comercial internacional. Sin embargo, el
actual presidente de los españoles considera que el control de los recursos
estratégicos es fundamental para el prestigio de un país.
Recientemente,
la difusión de un video a propósito de a estatización argentina sobre YPF
expresa de forma unívoca el pensamiento del mandatario español, que en 2008 y ante los intentos de capitales rusos de ingresar
en las acciones de Repsol reaccionó enfadado
argumentando que permitir una operación semejante sería colocara a España como
“un país de quinta”.
Nuestro petróleo, nuestro gas y nuestra energía no se pueden poner en
manos de una empresa rusa porque eso nos convertiría en un país de quinta
división", expresó enérgicamente el entonces líder de la oposición ante la
posibilidad que la empresa rusa Lukoil comprara a Repsol. De esta manera, Rajoy considera esencial la propiedad nacional
de los recursos estratégicos.
La decisión
del gobierno argentino, sin lugar a dudas, resultó sorpresiva y probablemente
desprovistas de formalidades que hubieran hecho más tensas y engorrosa la
cuestión. Además, los mecanismos institucionales establecidos internacionalmente siempre atienden a socorrer a la parte más fuerte. Por lo tanto, según los ciriterios del gobierno español, no queda en discusión la importancia soberana de la
medida, las competencias del Estado como garante de la soberanía energética,
sino que la discusión se limitaría simplemente a la expresión de los
empresarios del vaciamiento quienes, mediante el gobierno español, transformarían
la causa privada multinacional en humillación al pueblo español. Si queda
claro, entonces, el rol que Mariano Rajoy quiere atribuirle a la Argentina : un país
subalterno y proveedor de recursos, en un comportamiento al cual cabe
atribuirle una mirada neocolonialista sobre territorios y poblaciones que alguna
vez fueron conquistados, sometidos y explotados.
En
definitiva, la medida ejecutada por la presidenta Cristina Fernández no sólo
responde a un largo anhelo de recuperar una empresa-ícono de la Argentina y a castigar
la desinversión de Repsol. Bien lo dijo recientemente el opositor Solanas en
“La mañana” a Enrique Vázquez el 26 de abril: las empresas petrolíferas no
implican un negocio inocente, hay guerra y sangre por el control de los
hidrocarburos.
Esta
posición admite tanto la capacidad de empoderamiento como los riesgos a asumir,
en que un gobierno nuevamente derrota las barreras de las corporaciones
refortaleciendo al Estado como regulador y actor en el mercado. Con los riesgos
de la libertad, claro, pero también con
la voluntad de no ser, en palabras de Rajoy, un país de quinta.
Fuente:
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