Operación Provincia (2): Diferencias...

“Sheriff! Sheriff! Sheriff!
Mi sheriff gigoló!
Sheriff! Sheriff! Sheriff!
meté bala, por favor!
Sheriff! Sheriff! Sheriff!
con tu gracia criminal
empezá ya la puta cosa y sé feroz...”

(Sheriff, Patricio Rey, “Momo Sampler”)

El gobierno nacional y el gobierno provincial han presentado (y presentan) claras diferencias desde la alianza presidencial de 2003 Néstor Kirchner-Daniel Scioli. Si bien ambos tenían un origen político común (el Partido Justicialista) y habían ocupado cargos políticos durante la década del 90, representaban al momento de la elección cosas distintas: Kirchner, jugando entonces de delfín del ex presidente de facto Eduardo Duhalde, era un interrogante con una carrera intensa y larga pero ignota, limitada a sus pagos patagónicos; Daniel Scioli, en cambio, era una figura pública desde sus tiempos de corredor de motonaútica, y su incursión en la política como diputado nacional en 1997 fue una de las tantas maniobras del menemismo de incorporar figuras mediáticas y populares, estando su carrera dirigencial en la vidriera desde un principio. Es así que la fórmula fue interpretada como la continuación de Eduardo Duhalde, que bajo garrotazos (represión de protestas populares) y acuerdos (con el Campo, devaluación de la moneda para reducir la deuda de los grupos empresarios con el Estado) había dado una cierta estabilización y reactivación productiva tras la inestabilidad del gobierno delarruísta.

Kirchner volcó prontamente todo su capital político a la promoción de la impensable derogación y anulación de las leyes que garantizaban la impunidad de los genocidas del período 76-83, acto político realizado por el congreso argentino en 2003, instruyendo además un programa económico que, halagado por la heterodoxia académica y economistas críticos, tuvo por propósito garantizar el pleno empleo y el consumo interno. Estas políticas encontraron cierto recelo en las organizaciones de derechos humanos avalando luego en forma objetiva los avances en materia de derechos humanos y el renovado discurso frente a las problemáticas pendientes del país. Esto motivó también que gran parte de la clase política, publicistas y medios hegemónicos condenaron la medida por contribuir a la “división entre los argentinos”.

Daniel Scioli ganó independencia y territorio en 2007 con la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Siendo objeto de frecuentes presiones por los medios de comunicación a través de la publicitación del problema de la inseguridad, y dada la constante apuesta por la resolución mediante la mano dura policial, ha ido modelando un perfil de candidato opositor al kirchnerismo. Dice Ignacio Fidanza, periodista nada kirchnerista, que "Scioli rocía nafta sobre la indignación social, pero como gobernador no mejora la situación real del combate contra el delito de proximidad. Se trata de una elíptica sutil que logra el efecto deseado. En el imaginario se consolida así esa imagen que el mismo utilizó: “le atan las manos”. ¿Quiénes? La respuesta es obvia y explica parte de la frustración de la Casa Rosada con el gobernador. No resuelve el problema, pero tampoco carga con los costos". (1) Quizás sólo la muerte del ex presidente y la profunda conmoción generada en la sociedad hayan evitado la disputa presidencial con quien entonces era el centro de la escena política nacional.

El fuerte contenido de violencia en sus dichos frente a los graves crímenes mediatizados (del tipo “a estos hijos de puta los vamos a hacer mierda”) parecieran implicar un guiño a la policía para dar una solución motus propio y liberarse de la presión social generada por los medios. Actitudes semejantes remiten a una época gris de la historia argentina, en la cual los órganos de seguridad del Estado argentino vulneraron las instituciones y derechos civiles, haciéndose de un poder que el pueblo no les delegó, para llevar adelante los vejámenes más espantosos imaginables a sus propios compatriotas. No es un dato menor que en su política de seguridad se haya restaurado el poder recortado a la policía bonaerense en las gestiones anteriores, cuestión que amerita incomodad ante el reciente nombramiento de Nilda Garré en Seguridad. (2)

El gobernador ha decidido trabajar con tipos duros en la materia. La reciente polémica Casal-Verbitsky, que ameritó una inteligente respuesta del último (3), habla de la limitada capacidad de autocrítica del Ministro de Seguridad Casal y asumir como errores políticos las anomalías de la fuerza. Tragedias de relevancia como la ocurrida recientemente en José León Suárez o la muerte de Luciano Arruga son consecuencia del gatillo fácil y crímenes de clase, pues implican un abuso de la fuerza con los sectores más castigados de la sociedad argentina. Cabe agregar a esto que el gobernador y su gabinete se han negado insistentemente en recibir la familia de Luciano.
Esta irreverencia del ministro Casal implica una agresión directa al kirchnerismo crítico que, compuesto por peronistas no-pejotistas, apartidarios que han renovado su fe en la política y tenaces militantes de causas postergadas, abogan por una renovación moral y dirigencial a través del proceso iniciado en 2003 .

La postura del gobernador no concuerda con alguien que ha recibido las graves herencias recibidas en materia de derechos humanos dadas en la indignidad de la condición del presidiario -que motivo un reclamo a la Corte Suprema- y la desaparición espantosa de Jorge Julio López. El gobernador, sin fustigar contra su inepto predecesor, ha respondido ante las cámaras con declaraciones altisonantes que bregan por una propuesta punitiva que alcanza a la búsqueda de expandir la penalización de menores.


NOTAS

(1) LA POLÍTICA ONLINE, http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/70979/sabbatella-confronta-a-scioli-con-los-limites-de-la-ambiguedad.html

(2) “… en el Ejecutivo provincial miran con recelo los primeros movimientos de la Ministra: Garré habría pedido asesoramiento a Marcelo Saín y León Arslanián, impulsor de una reforma al código procesal penal tildado de garantista y de una reforma policial que dividió a la Bonaerense en varias fuerzas y garantizó primacía de los civiles sobre los uniformado en su control.
Sus movimientos son exactamente opuestos a los que ensayaron Carlos Stornelli primero y Ricardo Casal, después. Los dos ministros bonaerenses aplicaron una política que endureció las excarcelaciones y dio marcha atrás con aspectos importantes de la reforma policial.” (publicación “Extra”, 19/12/2010, p. 5)

(3) 8/2/2011, "Un peligroso límite", http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-161976-2011-02-08.html.
(esta historia continuará...)