A partir de su editorial del 10
de marzo de 2013 en su programa dominical “Pensando con Mariano Grondona”, el
contenido de programa se hizo previsible: con la muerte el presidente
venezolano Hugo Chávez, sostuvo que fallecía un tirano en el país caribeño,
responsable de haber instalado la demagogia. A través de los distintos
entrevistados -dentro de los que se cuenta a Modesto Emilio Guerrero, a quién
no se le pidió definiciones políticas-, Grondona caracterizó previsiblemente al
líder bolivariano como “confrontativo”, “violento”, y responsable de haber
instalado una tiranía a través de la demagogia.
Los conceptos vertidos por
Grondona y sus secuaces ideológicos son inherentes a un ultramontano maquillado
de liberal sólo por limitaciones objetivas del contexto histórico. La
trayectoria de mariano Grondona, colaborador de Onganía, la derecha peronista
yy la dictadura cívico-eclesiástico-militar de 1976-1983 da cuentas
sobradamente del proyecto de país defendido por el comunicador político.
La idea de “tiranía de las
mayorías” tiene su genealogía moderna en la violencia revolucionaria francesa
ejercida en los juicios públicos, a través de la democracia directa. Sobre esa
experiencia, el ideario liberal construyó un imaginario sangriento que
habilitara a tomar medidas para una democracia restringida ante la mayor
amenaza popular: la reformulación del sistema económico, es decir, las
relaciones de dominación y producción. Ante ello, parecerán medidas para una democracia restringida, tales como la
exclusión debido a la relación de los sujetos habilitados (mayores, 21 años,
varones, heterosexuales, blancos, nacionales) con al propiedad, generando un
régimen plutocrático. Entregados los derechos políticos, éstos luego eran
restringidos ante la evidencia de que los proletariados comenzarían a
demandar derechos sociales. Estas
exclusiones del sistema político se irán modificando gradualmente a través de
la lucha de los movimientos sociales.
Otro tanto ha sucedido en América
Latina desde que perseguidos políticos europeos se trasladaron al continente.
Paralelamente a la difusión de ideas clasistas bajo el modelo oligárquico, las
élites comenzaron a idear conjuntamente con la intervención imperial de Estados
Unidos la persecución, represión y exterminio de toda amenaza al sistema
socio-económico vigente. Dicha planificación, formulada abstractamente, produjo
cientos de miles de muertos, torturas, violaciones, suposición forzada de
identidades, enriquecimiento ilícito, secuestros extorsivos, endeudamiento,
destrucción de la industria nacional, defraudaciones al fisco, con el correlato
necesario a todas las libertades individuales que acciones semejante son
capaces de socavar.
La historia del liberalismo,
siempre acusador ante los gobiernos populares y siempre colaborador de los más
atroces regímenes de violencia burguesa, se resume a garantizar las mejores
condiciones de rentabilidad del capital financiero y la burguesía parasitaria
aliada frente al sector productivo genuino. En tal sentido, las frases e
intenciones de Grondona deben ser medidas bajo la objetividad que brinda una
trayectoria y el compromiso ideológico explícito en su construcción discursivo,
lo que no es más que una nueva negativa a aceptar la democracia como decisión
de la mayorías.
A sucedido a menudo que a una gestión de ve cuestionada por la
alianzas de la fuerza política gobernante. Los adjetivos contra ese gobierno
por al “impureza” de ese vínculo son variados; así, se dirá que el gobierno
favorece a los “tibios”, los “corruptos”, “advenedizos”, “enemigos”,
“conservadores”, “inútiles”. La idea que
se traslada desde la militancia más demandante hasta opositores (bajo el
maquillaje de radicalización) pasa por alto la cuestión fundamental de quién
ejerce el mandato popular: la acumulación de poder, instrumento necesario para
llevar adelante con éxito las grandes disputas políticas. Es en esa instancia
donde verdaderamente se descubre la vertiginosa complejidad de los conflictos
públicos por sobre elevados razonamientos teóricos, con exigencias de
resolución a veces inmediatas. He aquí la cuestión ligada a la metáfora del
“embarramiento”, de “comer sapos”, y aceptar negociaciones y acuerdos de duración
coyuntural para continuar avanzando hacia el objetivo inicial.
En Argentina, el poder político
se mantuvo disperso durante buena parte del siglo XIX, cuando la oligarquía
terrateniente disputó influencias a partir de la formación de milicias
regulares contenidas y conducidas por un terrateniente carismático que podía
incorporar al trabajador rural hacia un proyecto democratizador y distributivo (Artigas,
Peñaloza, Güemes) o para satisfacción de ambiciones político-económicas
personales (Urquiza, Rosas, Estanislao López). Este tipo de liderazgo,
afianzado en el personalismo y valores tradicionales, pareciera tener
continuidades hasta nuestros días en la popularidad de gobernadores e
intendentes, con formas poco democráticas pero electos (reiteradamente en
muchos casos) por mandato popular. En los perores casos, al pobreza de las
provincias carga también con una
conducta patrimonialista sobre lo público.
Ante la posibilidad de
ofrecer periódicas ayudas sociales, la
seguridad del sustento inhibe la radicalización de sociedades vulneradas y
perpetua la elección sobre las mismas opciones electorales. Al mismo tiempo,
dependiente de los mecanismos de recaudación nacionales, los poderes provincial
y municipal suelen aceptar, apoyar y coordinar propuestas y juicios de
instituciones civiles y religiosas de cualquier tipo privilegiando la relación
con grupos de presión por sobre el proyecto político nacional que deberían
representar, bajo el cómodo pensamiento de que la responsabilidad de que los
fondos públicos necesarios para administrar deben ser necesariamente recaudados
por el Estado nacional. De este modo, la seguridad de la llegada de fondos
públicos por coparticipación genera pasividad en los subniveles en cuanto a
esfuerzos por actualizar o extender los tributos, por lo que las gestiones de
personalidades con mayor posibilidad electoral suelen ser publicitadas por los
medios de comunicación opositores a modo de cotejar diferencias con el “carácter
confrontativo” de los ejecutivos nacionales.
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