Se entiende por iniciativa destituyente latinoamericana
la movilización periódica de grupos de presión que bajo un comportamiento
intransigente y antidemocrático expresado en sus consignas intentan incluir en
la agenda de gobierno sus reclamos sectoriales denigrando a la administración
en gestión o a sus adherentes. Por lugar social y privilegio a los intereses individuales
que expresan estas concentraciones, pueden ser consideradas expresiones similares al populismo de derecha o el anarcoliberalismo estadounidense.
La movilización de civiles ha dado lugar a
confusiones, siendo asimiladas estas protestas con el “movimiento de
indignados” (una expresión simplificadora, que comprende desde las luchas por
más libertades de la “Primavera Árabe” con las quejas de los ciudadanos
europeos contra las consecuencias del neoliberalismo). En Latinoamérica, los
movimientos sociales opositores no han interpelado
a los gobiernos de la región a favor de cantidad y calidad de derechos civiles,
sociales y políticos o un fortalecimiento del Estado, sino que el descontento
se dirige a las nuevas formas políticas, especialmente la intervención en
aspectos regulatorios de la economía y las multitudinarias movilizaciones de
apoyo a los gobiernos (conceptualizadas en tono denigratorio como populismo). Según los movilizados, esta
aprobación popular expresada en las calles resultaría una anomalía
institucional características del nuevo enemigo de las fuerzas de seguridad
norteamericanas en el continente: el populismo.
El temor a la democracia popular es interpretado como
un empoderamiento de un sector de la ciudadanía que, ante el temor, ha vuelto
conservadores a quienes inicialmente han defendido ideas liberales, bajo la
idea de una posible “tiranía de las mayorías”, en que el rencor de clases
llevaría a una etapa de violencia y desenfreno.
Consciente de ello y de manera muy tardía, exponentes de la derecha han
advertido la importancia de las movilizaciones en tanto hecho político capaz de
influenciar la opinión pública.
Una pregunta inmediata sobre la cuestión es la
relación entre la intransigencia opositora de los movilizados y el
debilitamiento de los gobiernos nacionales, ante lo cual cabe suponer que desde
un ideal demócrata el pueblo favorecería de forma inmediata a quienes conducen
el Estado por legitimidad de ejercicio por voto popular. Sin embargo,
probablemente por un rechazo a la conflictividad que nace de la experiencia de
las dictaduras latinoamericanas y del sometimiento a los perseguidos políticos,
en las situaciones de ofensiva contra los gobiernos democráticos muchos
ciudadanos suelen ser persuadidos de actuar por el miedo, optando por la
estabilidad política y la resolución de conflictos del gobierno por su propia
capacidad de acuerdo.
Los medios masivos de comunicación suelen tener un
gran protagonismo en estos ataques a los gobiernos democráticos, sirviendo como
instrumento de presión para favorecer intereses o degradar la imagen de un
sector político gobernante. Este comportamiento extorsivo de las cadenas de
multimedios ha llevado recientemente a reveer los abusos monopólicos en materia
comunicacional. Condicionando la opinión pública al consumo de información tendenciosa,
los multimedios han demostrado una gran capacidad de socavar los gobiernos
cuyos países tienen un período democrático breve.
Un modelo de defensa de la estabilidad regional y
contención de los gobiernos debilitados ha sido la intervención de la Unión de
Naciones Sudamericanas (UNASUR). Desde su creación, esta organización publicó
severos documentos frente a conflictos en Argentina (2008, Paro
agropecuario patronal), Bolivia (2008, Conflicto
de la Medialuna), Ecuador (2010, Motín policial), aunque no ha podido
evitar la destitución de Manuel Zelaya en Honduras (en 2010, que no pertenecía
a la organización) ni a Fernando Lugo en Paraguay (2012, aceptó la decisión
destituyente del juicio político), ejemplos del golpe blando es decir, de
la destitución de gobiernos por una vía distinta a la implementación de una
dictadura militar.
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