La exigencia
de una profundización del modelo y consolidación de un gobierno democrático
popular viabilizan la discusión sobre la necesidad de una nueva reforma
constitucional.
Toda
Constitución es un documento fundamental que pretende definir una situación
social y política, siendo la creación jurídica que da sostén a un proyecto
político no-partidario a largo plazo. Siendo dificultosa su modificación, los
nuevos compromisos a sumir deben tener posibilidad de concretarse
efectivamente, en tanto instrumento que opera como compromiso del Estado.
Por ello
mismo, la Constitución
constituye, establece una definición
de país, da origen o reformula instituciones y es constructora de una nueva
identidad de país a través de nuevas pautas de convivencia cívica.
América
Latina ha sido uno de los subcontinentes más visiblemente perjudicados durante
el neoliberalismo en sus facetas cívico-militares y pseudos-democráticas.
Endeudamiento, extranjerización, concentración de la riqueza y exclusión social
fueron consecuencias comunes de la aplicación de recetas de los organismos de
crédito en Estados desfinanciados bajo democracias tuteladas ante la corrupción
de los militares en retirada. La movilización popular organizada y la falta de representatividad
de los partidos tradicionales derivaron en
nuevos líderes de gran arraigo popular, depositarios a través de
esperanzas den las mayorías desplazadas. Era necesaria la recuperación de una
economía inclusiva y perspectivas de un Estado autónomo, capaz de generar
bienes, servicios y control de los recursos estratégicos como instrumentos para
recuperar la soberanía perdida.
La creación
de un documento que dé cuenta de los cambios ocurridos durante los gobiernos de
Néstor Kirchenr y Cristina Fernández permite asentar una nueva serie de compromiso
que gradualmente lleven a la conformación de un nuevo modelo de Estado. La reciente
estatización del capital mayoritario de YPF da cuenta de la confianza que al
actual administración nacional tiene sobre la capacidad de distribuir y producir
del Estado, lo que constituye un avance de fase bajo los desafíos a asumir por
presiones derivadas del control soberano, la responsabilidad, la eficacia en la
prestación del servicio y las expectativas en la ciudadanía, en su doble rol de
consumidores y aportantes al erario.
Sería tan mezquino
desdeñar en lo que concierne a los cambios socializantantes la influencia
ideológica del voluntarismo kirchnerista como la retórica de los países bolivarianos.
Adscriptos a la Alternativa
Bolivariana para las Américas e impulsores del heterodoxo
Socialismo del Siglo XXI, los países andinos Bolivia, Ecuador y Venezuela han
emprendido reformas constitucionales destinadas a fortalecer el régimen presidencialista,
a afirmar la propiedad estatal y nacional de los recursos naturales, declarar
derecho humano el acceso a bienes esenciales, etc. Este avance del Estado en
cuanto a sus potestades sobre la economía
y desarrollo humano tiene aparición bajo gobiernos nacional-populares
que se identifican por su predicamento antineoliberal, regionalista y
confrontativo con sus oligarquías nacionales.
El gobierno
argentino enfrenta el desafío de acabar las continuidades inevitables del
neoliberalismo, en un país que supo ser paradigma de los condicionamientos del
poder económico. Es por ello que se torna esencial que los logros de gestión
puedan perpetuarse y la vía constitucional es un camino posible para asentar
las bases de una sociedad no sólo democrática sino democratizante.
Siendo
históricamente volubles la legislación y políticas públicas, en la República Argentina
y reconocibles en el sistema político un proyecto socialdemócrata poco decidido
a la adopción de políticas audaces transformadoras y el desmembramiento de una
derecha carente de un liderazgo aglutinador, la coyuntura favorece la capacidad
de maniobra del kirchnerismo pero es visible la amenaza de destrucción de los logros de gestión bajo posibles apelaciones a favor
de a no-confrontación, operando bajo una suerte de “claudicación del consenso”.
Uno de los
juristas que más ha movilizado la idea de una reforma constitucional ha sido el
reconocido juez de la Corte Suprema
Eugenio Zaffaroni, exponiendo aquí su idea de cambiar el actual sistema
político presidencialista por el sistema parlamentario, que incluiría las figuras
de un Presidente y un Primer Ministro fuerte, al estilo
alemán o italiano, con un Tribunal
de Constitucionalidad y Electoral al estilo alemán integrado por distintas vías
y por acuerdo de las distintas fuerzas políticas, con mandato limitado y renovación por fracciones.
El
constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra, contrario a una re-reelección,
anunció como propuestas la constitucionalización
constitucionalización de
primarias abiertas, constitucionalización del interés público sobre los
servicios de comunicación audiovisual, paso del presidencialismo al
parlamentarismo, integración Sudamericana en materia de tratados de Mercosur y
Unasur, sistema tributario: retenciones, coparticipación federal, creación o no
de un Tribunal Constitucional, federalismo: declaración del dominio
imprescriptible e inalienable del agua-bosques-subsuelo en el Estado argentino
y no de las provincias, proceso de reforma constitucional propiamente dicho,
reforma integral del Consejo de la Magistratura y, por último, rediscutir el
Preámbulo para incluir el concepto de Justicia Social.
El reconocido
jurista Eduardo Barcesat afirmó que la cuestión de la reelección debía ser
sometida a debate popular, y propuso como puntos a estudiar lo
político-económico, la integración latinoamericana y Caribe, la defensa de los
recursos naturales, y la política de derechos humanos. Consideró que se debería
abrir un plazo de discusión de uno o dos años, que se debe pautar una distribución armónica de la tierra y
afirmó no tener una posición tomada respecto del régimen parlamentario, que “no fue eficaz para frenar la crisis en
Europa”.
El 25 de
abril Ferreyra y Barcesat participaron de una jornada de discusión en la Facultad de Derecho. Uno
de los organizadores, el dirigente del movimiento social Federación de Tierra,
Vivienda y Hábitat y del partido MILES, Luis D´Elia, quién sostuvo con motivo
de aquel evento que el país está “ante las mismas dificultades que en un
momento tuvieron Chávez, Evo o Correa a la hora de llevar a cabo sus
políticas”. Para D´Elía, debe discutirse
“cómo debe ser la estructura de poderes; cómo debe ser el federalismo de este
siglo; si los recursos naturales deben ser patrimonio nacional o de las
provincias; si la política de medio ambiente debe ser nacional o provincial; si
los nuevos derechos civiles deben tener o no rango constitucional, si la
integración regional sudamericana y latinoamericana deben ser o no del debate”.
“En la actual no hay un sistema federal
de educación, el Estado nacional no puede intervenir en la minería ni en otras
actividades relacionadas con los recursos naturales”, completó.
El viernes 13 de julio, el
Frente Nuevo Encuentro impulsó un encuentro militante para debatir e
intercambiar criterios sobre la necesidad de reformar la Constitución. El
disertante en aquella oportunidad fue el Dr. Ramón Torres Molina, militante y defensor inclaudicable de los Derechos
Humanos. En aquella oportunidad, Torres Molina insistió
en la necesidad de reformular la constitución y volver a ciertos postulados
básicos explicitados en la de 1949 como: reconocimiento
de los derechos sociales, económicos y culturales; función social de la
propiedad; propiedad nacional de los recursos naturales (hoy en manos de las
provincias); servicios públicos en poder del Estado; el capital debe estar al
servicio de la economía nacional; restitución del artículo 40; incorporar de
manera directa los Derechos Humanos. En cuanto a la reelección propuso que
los funcionarios puedan ser reelectos, argumentando que si bien esto no es lo
fundamental, ya que lo importante es que se mantenga el proceso histórico
mediante el cual se ha recuperado la soberanía de la Nación y los derechos de
las personas.
Si bien es
previsible deducir que la obtención de las dos terceras partes de las Cámaras
es un serio obstáculo a superar, la actualización doctrinaria bajo un paradigma
político latinoamericano progresista que integre la constitucionalización de
los derechos sociales se vuelve una posibilidad cierta capaz de originar un
nuevo marco jurídico para un nuevo Estado de Derecho.
NOTAS
Es lógico que el pensamiento es la semilla de la acción.Pero pensemos el pensamiento dadas las condiciones de germinación,de lo contrario erramos en el afán de acertar cuando los acontecimientos se precipitan(o mas bien lo precipitan aquellos que no quieren que nada cambie)y revoleamos argumentos que se estrellan con la realidad.A desensillar y dejar descansar el pingo y mañana vemos.
ResponderEliminarSaludos
¿Qué querés decir, moscón?
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