jueves, 2 de agosto de 2012

Debates constitucionales en Argentina. Hacia una actualización doctrinaria.


La exigencia de una profundización del modelo y consolidación de un gobierno democrático popular viabilizan la discusión sobre la necesidad de una nueva reforma constitucional.


Toda Constitución es un documento fundamental que pretende definir una situación social y política, siendo la creación jurídica que da sostén a un proyecto político no-partidario a largo plazo. Siendo dificultosa su modificación, los nuevos compromisos a sumir deben tener posibilidad de concretarse efectivamente, en tanto instrumento que opera como compromiso del Estado.
Por ello mismo, la Constitución constituye, establece una definición de país, da origen o reformula instituciones y es constructora de una nueva identidad de país a través de nuevas pautas de convivencia cívica.
América Latina ha sido uno de los subcontinentes más visiblemente perjudicados durante el neoliberalismo en sus facetas cívico-militares y pseudos-democráticas. Endeudamiento, extranjerización, concentración de la riqueza y exclusión social fueron consecuencias comunes de la aplicación de recetas de los organismos de crédito en Estados desfinanciados bajo democracias tuteladas ante la corrupción de los militares en retirada. La movilización popular organizada y la falta de representatividad de los partidos tradicionales derivaron en  nuevos líderes de gran arraigo popular, depositarios a través de esperanzas den las mayorías desplazadas. Era necesaria la recuperación de una economía inclusiva y perspectivas de un Estado autónomo, capaz de generar bienes, servicios y control de los recursos estratégicos como instrumentos para recuperar la soberanía perdida.
La creación de un documento que dé cuenta de los cambios ocurridos durante los gobiernos de Néstor Kirchenr y Cristina Fernández permite asentar una nueva serie de compromiso que gradualmente lleven a la conformación de un nuevo modelo de Estado. La reciente estatización del capital mayoritario de YPF da cuenta de la confianza que al actual administración nacional tiene sobre la capacidad de distribuir y producir del Estado, lo que constituye un avance de fase bajo los desafíos a asumir por presiones derivadas del control soberano, la responsabilidad, la eficacia en la prestación del servicio y las expectativas en la ciudadanía, en su doble rol de consumidores y aportantes al erario.
Sería tan mezquino desdeñar en lo que concierne a los cambios socializantantes la influencia ideológica del voluntarismo kirchnerista como la retórica de los países bolivarianos. Adscriptos a la Alternativa Bolivariana para las Américas e impulsores del heterodoxo Socialismo del Siglo XXI, los países andinos Bolivia, Ecuador y Venezuela han emprendido reformas constitucionales destinadas a fortalecer el régimen presidencialista, a afirmar la propiedad estatal y nacional de los recursos naturales, declarar derecho humano el acceso a bienes esenciales, etc. Este avance del Estado en cuanto a sus potestades sobre la economía  y desarrollo humano tiene aparición bajo gobiernos nacional-populares que se identifican por su predicamento antineoliberal, regionalista y confrontativo con sus oligarquías nacionales.
El gobierno argentino enfrenta el desafío de acabar las continuidades inevitables del neoliberalismo, en un país que supo ser paradigma de los condicionamientos del poder económico. Es por ello que se torna esencial que los logros de gestión puedan perpetuarse y la vía constitucional es un camino posible para asentar las bases de una sociedad no sólo democrática sino democratizante.
Siendo históricamente volubles la legislación y políticas públicas, en la República Argentina y reconocibles en el sistema político un proyecto socialdemócrata poco decidido a la adopción de políticas audaces transformadoras y el desmembramiento de una derecha carente de un liderazgo aglutinador, la coyuntura favorece la capacidad de maniobra del kirchnerismo pero es visible la amenaza de destrucción de los logros de gestión bajo posibles apelaciones a favor de a no-confrontación, operando bajo una suerte de “claudicación del consenso”.
Uno de los juristas que más ha movilizado la idea de una reforma constitucional ha sido el reconocido juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, exponiendo aquí su idea de cambiar el actual sistema político presidencialista por el sistema parlamentario, que incluiría las figuras de un Presidente y un Primer Ministro fuerte, al estilo alemán o italiano, con un  Tribunal de Constitucionalidad y Electoral al estilo alemán integrado por distintas vías y por acuerdo de las distintas fuerzas políticas, con mandato limitado y  renovación por fracciones.
El constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra, contrario a una re-reelección, anunció como propuestas la constitucionalización  constitucionalización de primarias abiertas, constitucionalización del interés público sobre los servicios de comunicación audiovisual, paso del presidencialismo al parlamentarismo, integración Sudamericana en materia de tratados de Mercosur y Unasur, sistema tributario: retenciones, coparticipación federal, creación o no de un Tribunal Constitucional, federalismo: declaración del dominio imprescriptible e inalienable del agua-bosques-subsuelo en el Estado argentino y no de las provincias, proceso de reforma constitucional propiamente dicho, reforma integral del Consejo de la Magistratura y, por último, rediscutir el Preámbulo para incluir el concepto de Justicia Social.
El reconocido jurista Eduardo Barcesat afirmó que la cuestión de la reelección debía ser sometida a debate popular, y propuso como puntos a estudiar lo político-económico, la integración latinoamericana y Caribe, la defensa de los recursos naturales, y la política de derechos humanos. Consideró que se debería abrir un plazo de discusión de uno o dos años, que se debe pautar una distribución armónica de la tierra y afirmó no tener una posición tomada respecto del régimen parlamentario, que “no fue eficaz para frenar la crisis en Europa”.
El 25 de abril Ferreyra y Barcesat participaron de una jornada de discusión en la Facultad de Derecho. Uno de los organizadores, el dirigente del movimiento social Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat y del partido MILES, Luis D´Elia, quién sostuvo con motivo de aquel evento que el país está “ante las mismas dificultades que en un momento tuvieron Chávez, Evo o Correa a la hora de llevar a cabo sus políticas”.  Para D´Elía, debe discutirse “cómo debe ser la estructura de poderes; cómo debe ser el federalismo de este siglo; si los recursos naturales deben ser patrimonio nacional o de las provincias; si la política de medio ambiente debe ser nacional o provincial; si los nuevos derechos civiles deben tener o no rango constitucional, si la integración regional sudamericana y latinoamericana deben ser o no del debate”. “En la actual no hay un sistema federal de educación, el Estado nacional no puede intervenir en la minería ni en otras actividades relacionadas con los recursos naturales”, completó.
El viernes 13 de julio, el Frente Nuevo Encuentro impulsó un encuentro militante para debatir e intercambiar criterios sobre la necesidad de reformar la Constitución. El disertante en aquella oportunidad fue el Dr. Ramón Torres Molina, militante y defensor inclaudicable de los Derechos Humanos. En aquella oportunidad, Torres Molina insistió en la necesidad de reformular la constitución y volver a ciertos postulados básicos explicitados en la de 1949 como: reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales; función social de la propiedad; propiedad nacional de los recursos naturales (hoy en manos de las provincias); servicios públicos en poder del Estado; el capital debe estar al servicio de la economía nacional; restitución del artículo 40; incorporar de manera directa los Derechos Humanos. En cuanto a la reelección propuso que los funcionarios puedan ser reelectos, argumentando que si bien esto no es lo fundamental, ya que lo importante es que se mantenga el proceso histórico mediante el cual se ha recuperado la soberanía de la Nación y los derechos de las personas.  
Si bien es previsible deducir que la obtención de las dos terceras partes de las Cámaras es un serio obstáculo a superar, la actualización doctrinaria bajo un paradigma político latinoamericano progresista que integre la constitucionalización de los derechos sociales se vuelve una posibilidad cierta capaz de originar un nuevo marco jurídico para un nuevo Estado de Derecho.

NOTAS
-        Perfil, 25/4/2012
-        Página/12, 25/4/2012
-        Clarín, 14/10/11.

2 comentarios:

  1. Es lógico que el pensamiento es la semilla de la acción.Pero pensemos el pensamiento dadas las condiciones de germinación,de lo contrario erramos en el afán de acertar cuando los acontecimientos se precipitan(o mas bien lo precipitan aquellos que no quieren que nada cambie)y revoleamos argumentos que se estrellan con la realidad.A desensillar y dejar descansar el pingo y mañana vemos.

    Saludos

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    1. ¿Qué querés decir, moscón?

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