¿Quiebre de la alianza cívico-militar?

Una de las grandes inquietudes que familiares y organismos de derechos humanos han tenido a lo largo del período democrático iniciado en 1983 ha sido el silencio de los responsables de aquella modalidad genocida que tristemente se hizo conocida como desaparición sistemática de personas. Inesperadamente, las recientes confesiones del dictador juntista Jorge Rafael Videla aportan un valioso material para ahondar la investigación sobre la trama oculta al interior del gobierno militar.

Hasta las declaraciones de Videla, las frases de los jerarcas Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. Durante los distintos n procesos que han afrontado, coincidieron en que participaron de una “guerra sucia” contra el “marxismo internacional”, que “grupos terroristas” habrían usado la violencia para “socavar el orden democrático” y “alterar nuestros valores occidentales y cristianos” del “ser nacional”. Los juicios a los genocidas serían así “la primera vez que un país juzga a su ejército victorioso”.

Sorprendía hasta el momento la ausencia de un relato que contemplara la participación de civiles en el genocidio de período 76-83 (por ejemplo, de los llamados “capitanes de industria”, grupos económicos favorecidos por las políticas de los golpistas), claramente en desmedro de Pymes y del mercado interno, revelan que el retroceso de la distribución y el ingreso a un acechante paradigma económico (el neoliberalismo) necesitaban de la instrumentación de un sofisticado aparato represivo para eliminar el avance de proyectos socializantes y restringir al máximo la protesta social.

La contundentedeclaración de Videla a Ceferino Reato para su libro Disposición Final revela la singular importancia que revestía para la dictadura un cambio de modelo económico y disciplinamiento social, con empresarios que habrían reprobado la falta de diez mil personas más. No es un dato para soslayar que el nombre del último acto del 24 de marzo llevaba por título “Los grupos económicos también fueron la dictadura”. Las empresas papelera y azucarera Ledesma y la cementera Loma Negra estarían siendo particularmente investigadas por episodios de desaparición que parecen manifestar una alta complicidad de su personal administrativo. A modo, de ejemplo sobre la actualidad de los procesamientos judiciales en Argentina sobre desaparición sistemática de personas Alberto de Arriba, en su artículo “La conspiración de los Chicago Boys”, describe la existencia de conspiradores civiles, como el abogado de multinacionales Jacques Perriaux, quién aportó a los golpistas gran parte del funcionariado. Entre otros:

Ministro de Economía: Lorenzo Sigaut, Alfredo Martínez de Hoz.

Jefe de asesores del Min. De Economía: Luis García Martínez

Secretario de Agricultura: Mario Cárdenas de Madariaga

Ministro de Comercio e Intereses Marítimos: Roberto Viola, Carlos García Martínez.

Secretario de Energía: Guillermo Zurbarán

Secretario de Hacienda: Horacio García Belsunce

Siempre generó asombro el silencio de los condenados militares, ya que la fuerte sospecha de civiles en las sombras revelaba claramente una estrategia por la cual los únicos perjudicados serían los feroces represores dada a altísima exposición durante el proyecto plasmado en los seis años posteriores al golpe ¿No llegaría el momento en que aquéllos se sentirían utilizados, y en un arrebato emocional, condenarían a quiénes actuaron como sus mandos por fuera de la institucionalidad? ¿sólo les cabría el lugar de “malos de la película”, cuando los beneficiarios de la represión se mantendrían en el privilegio de una situación social holgada y en la impunidad? Con las declaraciones de Videla se percibe un fuerte quiebre de la alianza cívico-militar, que quizás viabilice conocer y comprobar judicialmente la participación civil de quienes, participes en la planificación de la concentración económica, dependencia, genocidio y desesperanza, podrían ser los auténticos responsables intelectuales de la cadena de horror del período.