Argentina redefine su política hidrocarburífera (2)

 Críticas a las petroleras instaladas y posturas de la oposición

Las repercusiones inmediatas del discurso de la presidenta estuvieron dirigidas básicamente a recuperar la empresa estatal YPF. Fundada en 1922 como una empresa estatal bajo el esfuerzo conjunto de los presidentes radicales, YPF está  fuertemente cargada en el imaginario argentino de un pasado de pensamiento estratégico, defensa del patrimonio y soberanía energética. Durante el gobierno de Juan Domingo Perón, estas ideas se profundizaron como contenido ideológico de la doctrina justicialista en la sancionada Constitución de 1949, que declaraba los recursos naturales propiedad del Estado (este concepto luego se fue desfigurando bajo apuros económicos, con las concesiones dadas a la Standard Oil).

El periodista Claudio Scaletta, del diario argentino Página/12, desliza la posibilidad de un cierto enojo de la presidenta con el grupo Eskenazi, que los acusaría de “comportarse como banqueros y no como petroleros”. (1) Según Scaletta, el grupo habría intentado maximizar la rentabilidad en la explotación de los recursos para pagar una deuda con la casa matriz. Bajo la promesa de anuncios no cumplidos, Eskenazi habría alegado la baja rentabilidad del mercado interno.

En tanto, el discurso tuvo repercusión en la dirigencia política local.

Desde el oficialista Frente para la Victoria, Eric Calcagno asume la temática como prioridad del Estado, sin profundizar en cuestiones pero señalando motivos de discusión que considera venideros: 1) parámetros sólidos que sustenten el modelo de desarrollo industrial con justicia social que la Argentina instrumenta con éxito desde 2003; 2) un esquema donde el funcionamiento de pocas grandes empresas capitalistas extranjeras no amenace los logros conseguidos y el camino a recorrer, con consideración particular para un sector estratégico como el petróleo, que no puede estar librado a la maximización del lucro a corto plazo que puedan sostener algunos actores, bajo la forma de subproducción o subas de precio y 3) formas deberá adoptar la regulación pública en materia de petróleo. (2)

Carlos Heller, referente de la coalición progresista Nuevo Encuentro, asume el debate como una discusión pendiente y necesaria. Ante la denuncia de cartelización (3), Heller insistió en que “si tuviéramos una compañía estatal trabajando en el sector podría haber actuado como referencia de precios y permitiría contar con elementos adicionales para evitar o castigar los abusos. Argentina está dando una enorme ventaja al no tener una compañía estatal en el sector petrolero, como sí la tienen Brasil, Uruguay o México.” (4)

Proyecto Sur, fuerza política claramente opositora y minoritaria fuertemente arraigada en la política peronista de defensa de los recursos naturales con un agregado ambientalista, ha sido uno de los impulsores permanentes de una medida como la anunciada. Se expresó a través del referente Félix Herrero, quién denunció que “las prácticas monopólicas y cartelizadas también se dan desde la extracción del petróleo y el gas, hasta su industrialización. Esto provoca una enorme pérdida a toda la población, que paga precios cartelizados y sin correspondencia con los costos reales de extracción e industrialización, que no se dan a conocer”, con lo cual se propondría reactivar una política estatal de la energía. (5)

Ricardo Alfonsín, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, rechazó la idea de estatizar YPF aunque admitiendo que “lo que sí nos interesa son las áreas de explotación y, en este sentido, creo que es necesario realizar una auditoría sobre la situación legal y de producción de las mismas. Desde este punto de vista existen otras alternativas más convenientes para el país”. (6)

Recientemente, la represión a manifestantes en  Catamarca que se negaban a la continuación de las actividades de la minera Xstrata en el yacimiento de Bajo La Alumbrera generó una violenta represión y despertó la sensibilización la opinión pública al mismo tiempo que fue un motivo de apoyo en los medios televisivos para cuestionar el accionar de uno de los aliados del gobierno nacional. La necesidad de dar un marco de tratamiento serio de la cuestión energética y la relación con los recursos estratégicos ha llevado a la conformación de un Frente Nacional por la Soberanía Energética, que se integra parcialmente por el sector sindical que lidera Hugo Yasky, Nuevo Encuentro, el Frente Transversal, el Movimiento Evita, el Partido Comunista, el Frente Grande, el Partido Solidario, Carta Abierta y algunas agrupaciones estudiantiles. (7)

Ante la temática instalada por la presidenta Cristina Fernández y el consenso aparentemente unánime de todas las fuerzas políticas de recuperar espacios de control sobre la extracción y producción de hidrocarburos, es esperable que 2012 sea un año de intenso debate, en un contexto donde se ha agilizado el debate sobre la contribución a la soberanía y rentabilidad de los recursos naturales.

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(1) “Banqueros, petroleros y Estado”, por Claudio Scaletta, en Página/12 del 29/1/2012. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-186491-2012-01-29.html

(2) “La índole del tema”, por Eric Calcagno, en Página/12 del 29/1/2012. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-186488-2012-01-29.html

(3) El gobierno denunció a petroleras por “cartelización” en el gasoil, en Tiempo Argentino del 17/1/2012. Disponible en: http://tiempo.infonews.com/notas/gobierno-denuncio-petroleras-cartelizacion-gasoil

 (4) “Un gran debate pendiente”, por Carlos Heller en Página/12 del 29/1/2012. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-186489-2012-01-29.html

(5) “Siempre es el momento”, por Félix Herrero. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-186490-2012-01-29.html

(6) “Alfonsín duda que ’la recompra de YPF sea lo más conveniente’”.  Sitio web de Semanario Parlamentario. Disponible en: http://www.parlamentario.com/noticia-42507.html

(7) “Recuperar la soberanía energética”, en Página/12 del 20/2/12. Disponible en:  http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-187961-2012-02-20.html