Los recientes acontecimientos derivados de la sublevación policial y la mediática sensación de inseguridad extendida a distintos lugares han transmitido una idea de desorden social impactante. Los comentarios más peyorativos contra el oficialismo señalan una pérdida del maquillaje kirchnerista para revertir el problema social, mientras que la historia política reciente del país conoce de las prácticas de grupos desestabilizadoras a través de la maniobra de los saqueos (especialmente, en el final de los mandatos de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa).
El
episodio tiene presente varias experiencias cercanas. La protesta de los
gendarmes durante 2012 por una suba de sueldos, quiénes hicieron de la inacción
y la concentración su instrumento de protesta, logró generar una importante
tensión que fue desactivada al difundirse a través de la jefatura de gabinete
el monto de los sueldos. En la región, Bolivia (junio de 2012) y Ecuador (2010)
llegaron a situaciones de crisis e incluso un secuestro presidencial.
La
rápida federalización del reclamo desde Córdoba donde las fuerzas lograron un
aumento del 35%, y la sucesiva ramificación de protestas movilizadas por el
efecto demostración han conducido a una repentina situación de crisis nacional.
Otro aspecto singular es la falta de gradualidad de la protesta, en la que la
incipiente publicitación del reclamo salarial local dio como desarrollo medidas
de fuerza de máxima, coadyuvando a la crisis emergente. De este modo, los policías pasaron a cobrar en promedio entre 8 mil y 10 mil pesos. La inacción permitió que bandas organizadas saquearan casas y comercios, con enfrentamientos que costaron la vida de quince personas.
El 11 de diciembre, en
una conferencia de prensa en forma conjunta con el jefe de gabinete, el
gobernador de Córdoba Juan Manuel de la Sota, tan conservador como astuto,
sostuvo que las negociaciones no se estaban haciendo en condiciones normales,
ante lo cual cabría cuestionar la validez por existir un “vicio de nulidad”.
El
10 de diciembre, en Tucumán, vecinos indignados increpaban a los policías por
estar presentes y no actuar al momento de los saqueos. La respuesta de la
policía fue una represión feroz. En la misma jornada, en la celebración del Día
de la Democracia, la presidenta Cristina Fernández dirigió un claro mensaje a
los gobernadores: el deber que les compete de reestructurar a las policías
provinciales tal como el gobierno nacional lo ha hecho con las Fuerzas Armadas.
Sin
pretender una demonización institucional, la actuación durante la última dictadura,
las señaladas connivencias con el crimen organizado y experiencias de abusos en
comisarias mucho agregan a la reputación de la institución. En este caso, la
valoración de fuerza como instrumento de negociación contradice una ética de la
función pública encomendada.
Una
vez, más, la pregunta de Alan Moore se instala: ¿quién vigila a los vigilantes?
La huelga de los gendarmes en 2012 no fue por un aumento salarial sino porque el ministerio de seguridad les habia descontado erroneamente una parte de su salario . Eso es motivo para que cualquier laburante abandone sus tareas si te pagan menos de lo que te corresponde por errores burocraticos de los cuales se responsabilizo al hermano de Nilda garre . El gobierno como hace siempre jamás asume sus propios errores y acuso a Magnetto y a Clarin de sus propios errores
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