La industrialización y el gremialismo, elementos estratégicos de resistencia antiimperialista

La necesidad de una renovación generacional y trasnsparencia institucional bajo un proyecto permanente de inclusión social, eje de discusión para la renovación de un modelo sindical.

Con harta frecuencia, los trabajadores de los países que han visto sucumbir sus proyectos emancipadores de industrialización una y otra vez no les queda más que el melancólico recuerdo de un pasado en que las energías nacionales proyectadas en el trabajo del acero marcaban un ritmo instituyente de ascenso social y políticas redistributivas. El marco de este proyecto político, iniciado por Hipólito Yrigoyen pero dado básicamente durante la administración de Juan Domingo Perón, puso en escena las posibilidades (aunque también las limitaciones económicas) para dar pleno alcance al desarrollo del “país industrial”, que se evidenció en la notoria producción de aviación militar y automotriz. El proyecto antiperonista, por el contrario, tuvo como objetivo predominante retroceder hacia el país pre-peronista, hegemonizado por la oligarquía terrateniente, a los fines de constituir una sociedad con roles estáticos en que la renta de los propietarios de la tierra se transformó en factor de atraso en la modernización del país. Este retroceso se agravará en cada uno de los gobiernos golpistas, profundizándose en la tiranía militar de 1976-1983, y en el período democrático durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. El caso de Menem reviste especial importancia, ya que desde su lugar de conductor del Partido Justicialista traicionó las banderas históricas de su líder histórico (Juan Perón) basadas en una fuerte presencia decisoria de la voluntad nacional desde la presidencia (“soberanía política” vs. monitoreo de las políticas económicas por el capital financiero encarnado en el FMI, Banco Mundial y similares), en la equidad y movilidad social (“justicia social” vs. despidos masivos de “racionalización” de empresas, asimetrías en el sector productivo generan oligopolios, etc.) y en el desarrollo por vías autónomas (“independencia económica” vs. endeudamiento, deuda social, etc.). 

Es esperable que proceso haya repercutido hondamente en la cultura cívica del país, por lo cual no es difícil coincidir con Di Tella:

«En cuanto a la corrupción, ella no puede menos que difundirse en un país que ha tenido tanta inestabilidad política y sucesión de gobiernos ilegítimos, de tipo abiertamente dictatorial o civiles pero no basados en elecciones genuinamente libres. Bajo esas condiciones, los individuos más dinámicos, tanto en al esfera empresarial como en la política, sindical o de funcionarios y en las Fuerzas Armadas, se acostumbran a “conseguir” cosas de cualquier manera. No es un mero problema moral, porque las condiciones caóticas mismas son las que estimulan ese tipo de comportamiento. Sin embargo, también es un problema moral, porque aun cuando las condiciones vayan cambiando, las costumbres adquiridas no se dejan fácilmente de lado.» (Di Tella, Torcuato. (1998) Historia social de la Argentina contemporánea, Troquel, Buenos Aires, 1999, ISBN 950-16-2060-3, p. 436)

La instalación del proceso de globalización, abriendo al etapa del posmodernismo individualista, inició un período de fuerte debilitamiento del Estado-Nación y las jerarquías simbólicas que habían constituido durante el siglo XX ideales movilizantes del colectivo social. En ese vacío profundo, donde la ausencia de normas constituyentes se manifiestan en un Estado lo fuerte para reprimir las demandas sociales y débil frente a organismos y empresas frente a la penetración permanente del capital trasnacional. En ese “salvése quien pueda”, el empresariado local acepta en forma de “racionalización” despidos masivos y vende sus acciones. La dirigencia política incorpora bajo una moral triunfalista el Pensamiento Único Neoliberal como dogma infalible o herramienta de pauperización del país. Lamentablemente, bajo la repulsa de la política no se construye una alternativa de fondo, y el alejamiento de la política de la ciudadanía implica mayor impunidad para los disolutos en funciones.

En ese sentido, cabe pensar en la importancia ideológica del gremialismo como grupo de presión para definir demandas y condicionar un campo de acción en el cual el Estado nunca debió dejar de tener ingerencia. Ahora bien, cuando una burocracia se petrifica en la conducción y se pierde incluso la regulación sobre la misma, es esperable no sólo que pierda una cosmovisión sobre la totalidad de las cosas sino el mismo interés por defender a los propios trabajadores. El gremialismo argentino, cargado de dirigentes que supieron mantener una participación activa denunciando sus elementos más combativos durante el último gobierno militar, tiene el deber imperioso de purificarse y renovar la función social que por naturaleza le corresponde. Para ello, la 1) la transparencia de los comicios, 2) la renovación de los mandatos y 3) la participación constructiva de la oposición en co-gobierno son requisitos valiosos para un funcionamiento honesto del gremialismo. Todo ello es fundamental, habida cuenta de que la extensión de la participación social del Estado es inalienable de un gremialismo comprometido en el desarrollo de las energías nacionales hacia la soberanía política.

La muerte del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra en una protesta el 20 de octubre de 2010 a manos del círculo criminal del gremio Unión Ferroviaria (1), episodios varios de violencia intersindical dirimidos a balazos (2), el pasado dudoso en grupos parapoliciales durante la última dictadura, y la reciente agresión a militantes de la agrupación La Cámpora (3) exhiben a todas luces las resistencias y la ausencia de límites morales en la apropiación forzosa del Estado, fondos de dinero y territorios políticos.

La  pervivencia de los viejos malos actores resulta válido en la gradualidad de la política, pero es necesario sin lugar a dudas un paulatino crecimiento del rol del Estado en materia de iniciativa pública y regulatoria que los vaya apartando de su lugar de poder: los anhelos de una burguesía maravillosa capaz de prestar servicios públicos y empleo han revelado frecuente confianza en empresarios corruptores y pérdida del empleo genuino. El proceso de industrialización e independencia económica necesita de un funcionariado comprometido capaz de proteger y “reapropiarse” de los recursos estratégicos (litio, petróleo, gas, oro) y procesarlos con valor agregado.  A diferencia de otros tiempos, siendo el Gobierno-Estado el actor más cuestionado, pareciera revelarse una nueva expectativa en el Estado como motor del cambio hacia una mayor regulación e ingerencia en la vida pública. 


NOTAS
(1) Más datos en http://justiciapormariano.wordpress.com/ .
(2) Basta tipear en cualquier buscador en páginas de Argentina el concepto de "violencia sindical" para hallar episodios de esta lamentable problemática.
(3) "Pata Medina: `no garantizo que no vuelva a ocurrir´", Diario Registrado, 10/4/2013, enlace web: http://www.diarioregistrado.com/sociedad/72885-pata-medina--no-garantizo-que-no-vuelva-a-ocurrir.html