¿Quiebre de la alianza cívico-militar?

Una de las grandes inquietudes que familiares y organismos de derechos humanos han tenido a lo largo del período democrático iniciado en 1983 ha sido el silencio de los responsables de aquella modalidad genocida que tristemente se hizo conocida como desaparición sistemática de personas. Inesperadamente, las recientes confesiones del dictador juntista Jorge Rafael Videla aportan un valioso material para ahondar la investigación sobre la trama oculta al interior del gobierno militar.

Hasta las declaraciones de Videla, las frases de los jerarcas Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. Durante los distintos n procesos que han afrontado, coincidieron en que participaron de una “guerra sucia” contra el “marxismo internacional”, que “grupos terroristas” habrían usado la violencia para “socavar el orden democrático” y “alterar nuestros valores occidentales y cristianos” del “ser nacional”. Los juicios a los genocidas serían así “la primera vez que un país juzga a su ejército victorioso”.

Sorprendía hasta el momento la ausencia de un relato que contemplara la participación de civiles en el genocidio de período 76-83 (por ejemplo, de los llamados “capitanes de industria”, grupos económicos favorecidos por las políticas de los golpistas), claramente en desmedro de Pymes y del mercado interno, revelan que el retroceso de la distribución y el ingreso a un acechante paradigma económico (el neoliberalismo) necesitaban de la instrumentación de un sofisticado aparato represivo para eliminar el avance de proyectos socializantes y restringir al máximo la protesta social.

La contundentedeclaración de Videla a Ceferino Reato para su libro Disposición Final revela la singular importancia que revestía para la dictadura un cambio de modelo económico y disciplinamiento social, con empresarios que habrían reprobado la falta de diez mil personas más. No es un dato para soslayar que el nombre del último acto del 24 de marzo llevaba por título “Los grupos económicos también fueron la dictadura”. Las empresas papelera y azucarera Ledesma y la cementera Loma Negra estarían siendo particularmente investigadas por episodios de desaparición que parecen manifestar una alta complicidad de su personal administrativo. A modo, de ejemplo sobre la actualidad de los procesamientos judiciales en Argentina sobre desaparición sistemática de personas Alberto de Arriba, en su artículo “La conspiración de los Chicago Boys”, describe la existencia de conspiradores civiles, como el abogado de multinacionales Jacques Perriaux, quién aportó a los golpistas gran parte del funcionariado. Entre otros:

Ministro de Economía: Lorenzo Sigaut, Alfredo Martínez de Hoz.

Jefe de asesores del Min. De Economía: Luis García Martínez

Secretario de Agricultura: Mario Cárdenas de Madariaga

Ministro de Comercio e Intereses Marítimos: Roberto Viola, Carlos García Martínez.

Secretario de Energía: Guillermo Zurbarán

Secretario de Hacienda: Horacio García Belsunce

Siempre generó asombro el silencio de los condenados militares, ya que la fuerte sospecha de civiles en las sombras revelaba claramente una estrategia por la cual los únicos perjudicados serían los feroces represores dada a altísima exposición durante el proyecto plasmado en los seis años posteriores al golpe ¿No llegaría el momento en que aquéllos se sentirían utilizados, y en un arrebato emocional, condenarían a quiénes actuaron como sus mandos por fuera de la institucionalidad? ¿sólo les cabría el lugar de “malos de la película”, cuando los beneficiarios de la represión se mantendrían en el privilegio de una situación social holgada y en la impunidad? Con las declaraciones de Videla se percibe un fuerte quiebre de la alianza cívico-militar, que quizás viabilice conocer y comprobar judicialmente la participación civil de quienes, participes en la planificación de la concentración económica, dependencia, genocidio y desesperanza, podrían ser los auténticos responsables intelectuales de la cadena de horror del período.

Venezuela: de la Revolución Bolivariana al Socialismo del Siglo XXI

Gran ponencia del embajador venezolano Carlos Martínez Mendoza, a propósito de la semana bolivariana en el país.

En esta oportunidad, el embajador menciona como principales logros del proceso iniciado en 1999 el establecimiento de un proceso revolucionario bajo la adversidad de un hipotético consenso sobre el fin de las ideologías, el establecimiento de una revolución hecha en paz y la recuperación del pensamiento socialista.

El embajador afirma además la necesidad de que ese socialismo se amolde a las tradiciones de cada nación, recogiendo las experiencias históricas prosocialistas populares. Se trata de un socialismo con características nacionales, libre de dogmas, con el objetivo de atravesar etapas con miras a concretar la felicidad de los pueblos.

Afirma al mismo tiempo que la emergencia de las fuerzas nacionales y populares surgen en un contexto de un liderazgo que unifica al pueblo disperso bajo la forma de movimiento, expresión superior de una idea política, frente a grandes crisis de representación política.

Un aspecto interesante es el señalamiento de Mendoza del logro de la Revolución Bolivariana de unir pueblo y fuerzas armadas, actor éste último que ha caído en un alto desprestigio por su gran daño a la democracia, por lo que sería necesario contar con fuerzas armadas capaces de respetar y colaborar con los procesos democráticos, siendo un importante resguardo de la soberanía popular.

De este modo, el socialismo venezolano establece como  meta al conformación de una democracia popular participativa que pueda actuar con un fin permanente constituyente.

FUENTE.

http://mapacheatack.blogspot.com.ar/2012/06/la-posibilidad-de-una-revolucion-puede.html

Maxi y Darío, presentes! A 10 años de la Masacre de Puente Pueyrredón

«Bajo el poder militar, las fuerzas neoliberales podían ser anunciadas abiertamente e impuestas por la fuerza. Bajo el gobierno civil, deben disfrazarse e imponerse a través de la ficción del mandato electoral. La seudo legitimidad de los regímenes neoliberales se funda en la falsa afirmación de que el gobierno ha sido “libremente electo”. Pero los políticos son legítimamente electos sólo en tanto representantes de posiciones públicamente defendidas. Desgajado del contexto político, el proceso electoral pierde su legitimidad como cualquier otra forma de fraude político.  El grado en que se utiliza la manipulación en las campañas electorales neoliberales para atraer votos es diametralmente opuesto a lo que espera la mayoría del electorado; no sólo representa una violación de la verdad sino también de la propia noción de gobierno representativo. El ciclo neoliberal –la reproducción de los regímenes neoliberales- se basa pues en la capacidad de sus agentes para distorsionar el proceso electoral a través de la decepción conciente.  Esto no hace más que profundizar la brecha entre la preferencia de los votantes y las prácticas de la política clasista, entre los procesos electorales y los resultados políticos.» Petras, James.  América latina. De la globalización a la revolución, Homo Sapiens Ediciones, serie “Paradigmas y debates” dirigida por Alberto J. Pla, Rosario, 1996, traducción de Arturo Firpo (traducción de Imperialismo an Ong en América Latina) por Stephen Hasam, ISBN 950-808-259-3.)

No hace falta un estudio demasiado profundo para advertir la recurrencia en Argentina de arcaicos partidos marxistas -que, ante la negativa a reformular su agenda, van quedando cada vez más sepultados por las expectativas populares- a adoptar posiciones incómodas, pretendiendo obtener quizás algún rédito que le permita proyectarse en una suerte de proyecto socializante pluriclasista. La alianza con los caceroleros durante 2001 los aglutinó a la clase media en una protesta común, hubo quienes se sumaron a la demanda punitiva de Juan Carlos Blumberg durante 2004 y 2005 o que celebraron el rechazo legislativo a la resolución 125 que gravaba en un 35% las exportaciones de la soja. Es decir, la intención de obtener un posicionamiento político y mediático los ha llevado a aliarse contra quienes deberían ser sus enemigos de clase (la oligarquía agroexportadora y la burguesía industrial trasnacional) como medio de debilitar a un hipotético “gobierno burgués en funciones”.

Sin embargo, al considerar la ocasión de la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Kostecki, la solidaridad es casi inmediata. Conceptualizados como revolucionarios por los voceros del gobierno duhaldista que los reprimió ferozmente el 26 de junio de 2002, los móviles inmediatos de los grupos piqueteros que arribaron a Puente Pueyrredón fueron la obtención de un mayor número de seguros de desempleo y un aumento de la irrisoria suma que en tal sentido percibían. No se trataba de ácratas exaltados sino de sectores pauperizados, mayormente jóvenes, a quienes la violencia económica e institucional les había enseñado que debían presionar y resguardarse (de ahí las caras cubiertas de los demandantes) al poder político de turno para que deslice actividades hacia los sectores más vulnerados.

 Aníbal Fernández, un poderoso y hábil político que es aliado estratégico de un gobierno que es a todas luces progresista, ataca los cuestionamientos recibidos sosteniendo que proceden de la derecha. Sin embargo, bueno es recordarle su responsabilidad política en la represión de los que menos tienen y en favor del status quo. Otros, más perversos y astutos, han sido igualmente responsables de este episodio y no han dado la cara: para Eduardo Duhalde, el más involucrado, se exige la cárcel pero también reclama “juicio y castigo” para Solá, Juan José Alvarez, Aníbal Fernández, Atanasoff, Genoud, Oscar Rodríguez, Vanossi y Capitanich.

La (oportuna) conversión posterior no basta para reparar la muerte de dos militantes sociales, todo un éxito del proyecto autoritario neoliberal de Eduardo Duhalde. Fernández sin lugar a dudas es uno de los principales responsables políticos de la Masacre de Avellaneda. Como es habitual, ningún responsable político ha sido juzgado por los hechos: la represión y la sanción ejemplificadora fueron los medios de negociación del Estado con el sector más vulnerable de la sociedad civil.

No habiéndose pronunciado la historia sobre el genocidio militar de 1976-83, las secuelas del pasado seguían dejando huellas en el presente. La institución policial cobijaba eloscuro pasado de la represión, aunque siendo quizás el sector más expuesto en Puente Pueyrredón, el comisario Franchiotti y Alejandro Acosta, aunque culpables, fueron el chivo expiatorio de la tragedia.

Los medios se hicieron eco de los acontecido y difundieron la información de los medios oficialistas. Al respecto, el documental de  Patricio Escobar Damián Finvarb La crisis causó dos nuevas muertes (2007) es un valioso testimonio del comportamiento de los mass media. En él se exhibe claramente como la prensa especuló con las imágenes, en un juego aparente de extorsiones al gobierno por ocultar (la versión oficial hablaba de un “ajuste de cuentas” entre grupos piqueteros)  y omitir la responsabilidad política de lo sucedido (la “crisis”  aparece así como una consecuencia natural y fatal frente a la responsabilidad política).

Las muertes de Darío Santillán, Maximiliano Kostecki, como las de Mariano Ferreyra y los movimeintos campesinos en el norte argentino, son episodios recientes  que invitan a reflexionar sobre la necesidad de extender territorialmente la plena vigencia de los derechos humanos  y sociales ante un neoliberalismo acechante que siempre amenaza con volver a su rutina de disciplinamiento social y pauperización. La reciente designación en el Ministerio de Seguridad de dirigentes probos y capaces como Sergio Berni y Nilda Garré brindan una sólida esperanza en la construcción de una polícía responsable y una resolución estratégica de los conflictos sociales. 

Los juicios contra la impunidad

El modelo argentino

(Los argentinos que hemos sufrido la violencia de la impunidad y la dictadura de mercado durante los noventa, nos asombramos aún del largo tiempo en que tantos asesinos perdieron sus privilegios. En la Argentina, falta mucho aún por saber y apenas se empieza a ahondar en la complicidad civil del violento genocidio. Vaya aquí este pequeño apunte sobre el camino recorrido por el gobierno argentino para comenzar el camino del juicio a quienes decidieron ser enemigo de la democracia.)

§         En el año 2003 asumió la Presidencia de la Nación el Dr. Néstor Kirchner. El respeto y la vigencia de los derechos humanos, la recuperación de la memoria colectiva y la realización de la justicia para acabar con el largo proceso de impunidad, se construyeron en pilares fundamentales de la nueva gestión de gobierno.

§         En ese contexto, el 21 de agosto de 2003, a través de la sanción de la ley 25.779, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación declararon “insanablemente nulas” las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

§         Una de las primeras medidas que había tomado el gobierno al asumir el poder fue reformar al Poder Judicial. Esta medida, que contó con aprobación masiva, comenzó por el máximo tribunal de justicia. Se sometió a juicio político a partir de sus miembros permitiendo que la sociedad civil emitiera opinión sobre los méritos de los candidatos propuestos para reemplazar a aquellos quienes abandonaban sus cargos.

§         En el año 2005 la nueva composición de la Corte Suprema, con el favorable de siete de sus nueve miembros, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad en un fallo que cobró dimensión histórica al sentar jurisprudencia y ratificar los pasos que había dado el Congreso hasta entonces.

§         Un año antes, el 24 de marzo de 2004, en el acto de conmemoración del aniversario del golpe de Estado de 1976 que realizó en el Colegio Militar de la Nación, el Presidente Kirchner ordenó retirar inmediatamente los retratos de los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone que colgaban de las paredes del Patio de Honor.

§         Ese mismo día, por un acuerdo entre el Gobierno de la Nación y el de la Ciudad de Buenos Aires, la tristemente célebre Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue retirada de la órbita de las Fuerzas Armadas y se decidió dedicar el predio de lo que fuera el mayor campo de concentración de Sudamérica como espacio para la memoria.

§         Este escenario permitió que en la actualidad y después de años de impunidad, se encuentren en trámite procesos penales contra los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

§         Finalmente el Estado cumple con su obligación de investigar, juzgar y castigar a los autores de violaciones a los derechos humanos

Fuente.

“La escuela hace memoria”, manual de Educación en Derechos Humanos, publicado por la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Ofensivas destituyentes, versión 2012 (1)

Durante la última semana, nuevamente se ha podido observar acciones desestabilizadoras que ha  contado con el apoyo de los sectores más concentrados. Desde 2008 a esta parte, la región asistió a situaciones que pusieron en jaque a distintos gobiernos (protesta del sector agroexportador en Argentina durante 2008-2009; protesta de los autonomistas de Santa Cruz de la Sierra en 2008; destitución constitucional de Manuel Zalaya en 2009 en Honduras; secuestro policial de Rafael Correa en 2010), todos ellos claramente influenciados por el modelo que llevó al, breve derrocamiento de Hugo Chávez Frías en Venezuela durante 2002: alta participación medática, apelación a "entendidos publicistas" para avisorar crisis social y económica ante las decisiones de un gobierno autoritario e importante participación opositora gremial y empresarial.

La realización de un paro nacional indeterminado por el sindicato de camioneros en Argentina el pasado miercoles, el juicio político que destituyó a Fernando Lugo en Paraguay en la jornada de ayer y la protesta policial en Bolivia revelan hechos perturbadores que invitan a reflexionar sobre el fortalecimiento de las garantías democráticas de la región y la (¿casual?) coyuntura en que ocurren.

“Modelo industrial nacional”, de Martín Schorr

¿Hacia donde va nuestra burguesía nacional?

Lejos de expresar un pleno optimismo sobre la retórica nacionalista integradora de la alta burguesía industrial durante el kirchnerismo, el docente de la UBA, investigador de CONICET y del Area de EConomía y Tecnología de la FLACSO Martín Schorr se permite la duda, fundándose en la necesidad de “industriales conversos” de adoptar  una alternativa ante el fracaso del modelo de la convertibilidad. En esta situación, se contempla la necesidad de incentivar un modelo de sustitución de importaciones como medio de potenciar el perfeccionamiento de una producción de manufacturas de baja elaboración y avanzar hacia la generación de bienes de mayor complejidad.

Otro aspecto que el autor se permite discutir es un concepto sobre el que se han depositado  grandes esperanzas para la realización del fortalecimiento de un proyecto pluriclasista e inclusivo: el de burguesía nacional. Con una posición hegemónica sobre la representatividad del sector, el esquema neoliberal iniciado en 1976 que ha beneficiado a los capitanes de la industria Acindar, Alpargatas, Bagó, Bemberg, Bridas, Bunge y Born, Clarín, Celulosa Argentina, Fate/Alvor, Fortabata, Garavaglia y Zorraquín, Ledesma, Macri, Pérez Companc, Roggio Soldati, Techint y Werthein han sido cómplices del vaciamiento de las pequeñas y medianas empresas obteniendo el beneficio de la concentración económica con un alto costo social (Alonso, Maria E. y otros. La Argentina del siglo XX, Buenos Aires, Aique, 1997, p. 327). A este perjuicio al desarrollo social con crecimiento, Schorr hace notar el vínculo de subalternos del empresariado industrial local, limitándose a establecer un rol asociativo o de complementación con el capital multinacional.

La propuesta de Martín Schorr se orienta al diseño de un modelo industrial redistributivo con fuerte presencia estatal. Recomposición de los ingresos,  imposición de gravámenes sobre la renta financiera, incremento de retenciones a las exportaciones, modificación de la estructura tributaria, abaratamiento en el costo de los servicios públicos, reestatización del sistema de previsión social, creación de un banco nacional de fomento industrial, producción de manufacturas de alta complejidad e investigación científica ligada a la producción son algunas de las medidas sugeridas para reconstruir un programa de promoción nacional fabril inclusivo y redistributivo. Estas acciones implicarían, en palabras del autor, “el inicio de un proceso de inversión de las relaciones de fuerza entre las clases y fracciones de clase resultantes de la vigencia de casi tres décadas de neoliberalismo extremo”, con lo cual se requiere la necesidad de un disciplinamiento de los capitalistas locales a las necesidad locales, a fin de que reviertan el actual esquema de alianzas a favor de la clase trabajadora, lo cual serviría además de limitante de la extranjerización de la economía.

Este análisis de Martín Schorr, publicado en 2005, se permite contemplar el comportamiento de un actor fundamental del modelo productivo argentino que, recibiendo con frecuencia cálidos apoyos del Estado y sociedad argentinos, por volubilidad de sus alianzas y ausencia de proyectos suele repercutir en la estabilidad social del país.

Ficha técnica.

SCHORR, MARTÍN. (2005) Modelo nacional industrial. Limites y posibilidades, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2005.

Más Estado para más desarrollo

Nunca un fundamento ideológico previo tuvo tan presente el interés en la dominación de los pueblos como el liberalismo económico. Con origen en doctrinas contractualistas anglosajonas que viabilizaban la libertad absoluta de una ínfima minoría (la burguesía tempranamente advirtió a sus beneficiados la importancia de la reducción de costos y la desigualdad entre los hombres. El Estado debía ser apenas garante de la seguridad, en la afirmación de que el mercado y el orden social obedecen a una regulación del orden de la naturaleza, confiando en que las riquezas producidas en el seno de una sociedad se derramarían por las inversiones de los ciudadanos más prósperos. Sin embargo, esta visión del Estado de no-hacer queda desmentida luego en la activa participación del aparato estatal en la empresa imperialista durante el siglo XIX. Así, los sectores ligados al comercio de los países hegemónicos se valieron de provechosos acuerdos con oligarquías extranjerizantes y burguesías trasnacionalizadas, sin omitir la posibilidad de una intervención armada ante posiciones nacionalistas o mandatarios deudos de algún acuerdo. La visión más fundamentalista del liberalismo, el neoliberalismo, se constituye en un elemento de consolidación y perpetuación de las desigualdades con un ejercicio de control ideológico y político sobre naciones en desarrollo cuya metodología se extiende desde las presiones de organizaciones civiles y políticas hasta la destitución por golpe de Estado y la persecución y exterminio de sujetos críticos. Despojando de la vida y privando perspectivas de futuro a generaciones, el neoliberalismo responde a un plan sistemático bajo un dominio violento para la implementación de un totalitarismo liberal que actúa en las sociedades pauperizando, excluyendo y dividiendo como verdadero instrumento de conflicto social.

Precisamente, la experiencia latinoamericana del neoliberalismo durante la década del 90 demuestra como imprescindible la intervención del Estado en la economía desde una política auténticamente nacional, para evitar el control del capital por sobre la Política y avanzar en medidas que direccionen la distribución de la riqueza y el aumento de la producción como garantías de desarrollo social. Cabe decir entonces que la conformación de un Estado regulador necesita de un consolidado bloque nacional y popular que, aglutinando una pluralidad de fuerzas bajo los principios de soberanía política, independencia económica y justicia social puedan proyectarse en el sistema político como fuerza constituyente de profundización para sostener la continuidad del modelo. En este sentido, el proyecto político que se disemina desde el gobierno de la presidenta Cristina Fernández requiere aún de mayor organización y unidad junto a la formación de nuevos cuadros, ya que la trayectoria ideológica de muchos dirigentes se presenta como una amenaza a los logros realizados desde 2003.

La medida más importante de redefinición del Estado llevada adelante por el kirchnerismo es la estatización de las acciones de Repsol el 3 de mayo de 2012, por lo cual el Estado argentino participa con capital mayoritario dentro de la empresa hidrocarburífera. Con ello se dio lugar a la recuperación de una histórica empresa nacional,  ligada a la planificación estatal y al desarrollo industrial que supieron generar un modelo de pleno empleo altamente distributivo. Una vez más, desde las esferas gubernamentales la decisión de la presidenta Fernández confirma la apuesta a un Estado que tenga solvencia y expectativas de futuro al hacerse de sus recursos estratégicos, al tiempo que vuelve a hacer pública a una empresa cuya mayor importancia reviste  en la función social que ejercerá, nuevamente, demostrando que el Estado argentino es capaz de administrar con eficacia y generar credibilidad en el pueblo que administra.

Este nuevo rol del Estado asumido por el gobierno argentino en pos de la recuperación de la soberanía perdida tiene como corolario el incesante reclamo por la recuperación de la actual posesión colonial de las Islas Malvinas, tomadas manu militari por el Reino Unido en 1833. La posición argentina se fundamenta en el reclamo permanente, la voluntad posesoria, la contigüidad geográfica y la continuidad jurídica de las posesiones reales, con grandes protestas anexas ante la negativa del Reino Unido a entablar negociaciones y la realización de incursiones navales permanentes que implican una militarización de la zona. Al mismo tiempo, el reconocimiento de los justos derechos del pueblo argentino sobre las islas ha demostrado la vigencia concreta de la solidaridad de los países latinoamericanos, que no sin asumir riesgos han hecho suya esta causa argentina. Por tanto, la cuestión sobre Malvinas excede lo nacional para transformarse también en una causa latinoamericana y antiimperialista que advierte del potencial de la unión suramericana como una región influyente en un mundo que se definirá en múltiples polos de poder. A estos elementos políticos cabe añadir los geoestratégicos, en la meta de lograr una plena soberanía subcontinental y recuperar el aprovechamiento de los recursos naturales inherentes a esos territorios.

Sería injusto menoscabar la positiva influencia regional, que expresa un nítido predominio de gobiernos progresistas, en que se destaca la conformación de la UNASUR en 2008 (que demostró ser un eficaz instrumento de estabilidad política ante las ofensivas destituyentes en Argentina, Bolivia y Ecuador) de la organización Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), una convergencia de distintos gobiernos que entiende la necesidad de luchar contra los procesos neoliberales de reforma del Estado, la eliminación del analfabetismo (ya superado en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua), defensa de la democratización y derechos humanos, profundización de la integración latinoamericana, desarrollo sustentable de la economía, hasta un mayor control de los recursos naturales por el Estado (casos de las estatizaciones en Venezuela y Bolivia, los países más representativos de esta alianza).

A pesar de no haber representado jamás una amenaza a la alta burguesía local para constituir la alternativa hacia un socialismo nacional, el peronismo es un antecedente reciente relevante del pasado histórico argentinota que su mito movilizador de mayorías fortalece la legitimación de un Estado interventor, inclusivo y con objetivos de industrialización. La actualidad del relato peronista permanece vigente en la presión de grupos antagónicos que apuestan a la primarización de las exportaciones, la desregulación del capital financiero y la concentración económica. El peronismo inicial, en tanto épica victoriosa popular y antioligárquica, es una buena sintésis de proyectos postergados de la historia argentina que se remontan a los orígenes de nuestra liberación del dominio político español.

Otras presiones a favor de una reducción de la intervención del Estado se expresa a través de la prensa tradicional y canales de aire, que como comunicadores de los oligopolios actuantes no aceptan cuestionamientos públicos (de ahí la crítica por “persecución de periodistas” del programa oficialista 678, en que se desmienten los argumentos utilizados por el periodismo opositor). Contra las demandas argentinas sobre Malvinas, asistimos en el presente año a la lamentable formación de un grupo ad hoc de opinadores (que nocasualmente el periodismo liberal tituló de “intelectuales”) en apoyo a que loscolonos británicos de Malvinas decidan (fundándose en el “derecho a laautodeterminación de los pueblos”) a decidir sobre el destino del territorio que habitan.

La recuperación de una empresa petrolífera nacional y la exhortación a entablar un diálogo por la situación de Islas Malvinas, en un mundo que ha atestiguado el inicio de una intensa carrera armamentística y la apuesta al belicismo como estrategia de apropiación de fuentes energéticas, implican un serio desafío de constituir dispositivos de defensa del patrimonio. En tal sentido, la permanente propuesta de la presidenta Cristina Fernández de modificar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es una clara muestra del interés del gobierno argentino por redefinir la estructura de poder global. Sin embargo, lo verdaderamente interesante respecto a los cambios acontecidos en la realidad nacional es la apertura hacia nuevas posibilidades a través de una fusión de Pueblo y Estado que descubren sus potencialidades y retoman la pugna por causas que, aunque provistas de un alto contenido histórico, se creían destinadas a enlistarse en un inventario de derroteros.

Crisis de la Deuda: el ejemplo de Argentina 2001

(Artículo traducido por cortesía de nuestra cronista Mercedes Sanz, miembro de la fuerza política danesa de centroizquierda Ehdenlisten)

Por Éric Toussaint 

Al igual que Argentina, Grecia debe romper con la Troika y frenar el pago de la deuda. Es imprescindible que los movimientos sociales en Europa se movilicen para mostrar una solidaridad activa y práctica con el pueblo griego y crear una plataforma europea común de oposición a la política de recortes para que la deuda ilegítima puede ser amortizada.

Gran parte de la población griega, desde el primer memorandum en mayo de 2010 mostró una creciente oposición a los recortes realizados por las autoridades griegas y que dictó la Troika ( el "club" del FMI, Banco Central Europeo y UE): huelgas generales, la ocupación de espacios públicos, manifestaciones en las calles, un movimiento de resistencia contra los aumentos de precios en el transporte y servicios sin olvidar al personal en diferentes áreas de servicio, tales como el hospital Kilkiis de Macedonia (tomado por el personal) y la reedición del 15 Febrero 2012  del periódico Eleftherotypia bajo control obrero.

La comunicación del Gobierno griego y la colaboración con la troika sólo hace que la situación económica del país empeore y violenta los derechos económicos y sociales de la población.

El plan más reciente, que vergonzosamente se llama un "rescate" representa un paso más en la pérdida de la soberanía de Grecia en la Unión Europea y en relación con sus acreedores: todos los nuevos créditos irán a la devolución de una deuda que es mucho más que ilegítima, y todo el proceso será gestionado directamente por los acreedores.

La gente en el hemisferio sur en las dos décadas entre 1982 y principios de los 2000, se somete a una política similar. Una política que utiliza el pago de la deuda como un pretexto para destruir una serie de logros sociales que constituyen los derechos económicos y sociales.

Argentina es un caso simbólico. Después de 25 años de políticas neoliberales (1976-2001) y una serie de planes de recorte puestos en marcha por el FMI, estalló una revuelta popular en diciembre de 2001, que llevó a la dimisión del gobierno. Las nuevas autoridades declararon unilateralmente la suspensión del pago de la deuda creada por la venta de bonos del gobierno en los mercados financieros por un total de 90 mil millones de dólares. Hasta ahora, esta es la más grande de la supresión de la deuda histórica de siglos.

Después de tres años de suspensión de pagos, donde el gobierno llevó a cabo una política de recuperación económica y se negó a seguir las recomendaciones del FMI, Argentina forzó a sus acreedores una reducción de la deuda del 65 por ciento. A finales de diciembre de 2001, Argentina también dejó de pagar su deuda bilateral (en US $ 6,5 millones) a países como España, Francia, Italia, Reino Unido - aliados en el Club de París. Esta suspensión del el pago se ha prolongado durante diez años y va bien para la Argentina. Entre 2003 y 2012, la tasa de crecimiento anual del 8 por ciento. Si la Argentina no hubiera suspendido sus pagos de la deuda, y si no se hubiera negado a seguir los dictados del FMI y otros acreedores, el país no habría sido capaz del  2004 al 2005 de explotar los aumentos de precios en los productos que exporta a los mercados mundiales. Todos los ingresos habrían sido comidos por los pagos de la deuda.

Después de la presión pública, las autoridades argentinas se negaron a subir los precios de la electricidad, agua, telecomunicaciones, etc, que las multinacionales extranjeras y el FMI querían introducir. Las condiciones de vida de los argentinos han mejorado considerablemente, y hoy son los ciudadanos europeos que van a la Argentina para buscar puestos de trabajo decentes. El ejemplo de Argentina muestra que, al negarse a someterse a los acreedores y el FMI para pagar la deuda en gran parte ilegítima, se puede mantener la cabeza en alto y mejorar las condiciones de vida de la gente.

Como se mencionó en el principio de este artículo la lucha de los griegos  no puede permanecer aislada. Es necesario construir un amplio movimiento de solidaridad y, junto a todos los pueblos de Europa para construir un frente de oposición para la supresión de la deuda ilegítima, y una completa reorganización de una Europa de los ciudadanos, sobre la base de un proceso democrático.

*Este artículo fue escrito para el gran periódico griego Eleftherotypia, que fue tomado en febrero de 2012 bajo el control de los empleados, después de que la dirección hubiera declarado la bancarrota.

Éric Toussaint es un profesor de ciencias políticas y presidente de la Comisión belga para la Eliminación de la Deuda del Tercer Mundo. Ha escrito varios libros acerca de la crisis de la deuda y el orden económico mundial.

*Este artículo fue publicado por el periódico Socialistisk Information, organo del SAP (Partido socialista de los trabajadores) de tendencia trotskista y afiliado a la IV Internacional.

Fuente:  

"Gældskrise: Argentinas eksempel fra 2001",  Eric Toussaint, Socialistisk Information.